La democracia mexicana atraviesa una etapa crítica. Lo que debería ser un proceso riguroso, ético y blindado en la selección de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial se ha convertido, una vez más, en un lamentable espectáculo de irresponsabilidad compartida entre instituciones clave. El reciente escándalo sobre los 26 candidatos “no idóneos” a jueces y magistrados —algunos con presuntas ligas con el crimen organizado, otros sin el mínimo académico exigido por la ley— ha puesto al descubierto la falta de seriedad con la que tanto el Senado como el Instituto Nacional Electoral (INE) abordan su papel en la construcción del Estado de Derecho.
En lugar de asumir con claridad y firmeza la obligación legal y ética de depurar las listas de aspirantes, ambas instituciones se lanzan mutuamente la pelota de la responsabilidad. El Senado señala al INE como el ente que debe filtrar o impugnar las candidaturas; el INE, por su parte, argumenta que el control constitucional sobre la idoneidad de los perfiles recae en el Legislativo. El resultado es el mismo de siempre: omisión institucional, confusión normativa y, lo más grave, vulnerabilidad del sistema de justicia.
La ciudadanía, testigo y víctima de estas omisiones, observa con creciente desconfianza cómo se normaliza el ingreso de personajes con nexos cuestionables a los órganos de impartición de justicia. Resulta alarmante que, según diversos reportes, algunos de estos candidatos tienen vínculos directos con estructuras criminales o ni siquiera alcanzan el promedio mínimo de 8 en su licenciatura en Derecho, requisito básico para desempeñar funciones que exigen capacidad jurídica, ética y probidad.
Este no es un caso aislado. Es el síntoma de una cultura de simulación que contamina todos los niveles del poder público. La idoneidad, un concepto esencial para preservar la independencia y eficacia del Poder Judicial, ha sido reducida a un mero trámite burocrático, cuando debería ser un estándar exigente e inquebrantable.
El Senado, como cámara revisora y plataforma de representación política, no puede deslindarse tan fácilmente. Su responsabilidad constitucional no se limita a la ratificación de ternas o la sanción de designaciones; también está obligado a garantizar que quienes acceden al Poder Judicial cumplan con los requisitos legales y éticos que la Constitución establece. Al no depurar debidamente la lista de aspirantes, incurre en una omisión peligrosa que puede traducirse en la infiltración de intereses criminales en la estructura judicial.
Por su parte, el INE, aunque su función principal está centrada en los procesos electorales, no está exento de responsabilidad cuando se trata de validar candidaturas en el contexto de órganos de elección indirecta o nombramientos que tienen consecuencias democráticas. El organismo cuenta con herramientas para realizar investigaciones patrimoniales, verificar antecedentes y emitir alertas sobre perfiles sospechosos. Sin embargo, la pasividad del Instituto ante casos como este evidencia una preocupante falta de voluntad para ejercer su papel preventivo con mayor firmeza.
Ambas instituciones actúan como si no comprendieran que la idoneidad no es un formalismo, sino una condición imprescindible para asegurar un Poder Judicial independiente y confiable. Permitir que personajes inexpertos, mediocres o con vínculos criminales ocupen cargos de esa envergadura equivale a renunciar al proyecto democrático.
Lo más preocupante es que esta disputa institucional ocurre en un momento de creciente tensión entre los poderes públicos y en un contexto donde la inseguridad y la impunidad siguen siendo las grandes deudas del Estado mexicano. El Poder Judicial es, hoy más que nunca, el dique que contiene el avance del autoritarismo, la corrupción y la violencia. Si ese dique se debilita desde dentro por la infiltración de actores perversos o incompetentes, el derrumbe institucional será inevitable.
Urge un replanteamiento del proceso de selección de jueces y magistrados. No basta con presentar ternas o aplicar evaluaciones académicas superficiales. Es imprescindible establecer mecanismos de control cruzado entre poderes, así como observatorios ciudadanos y auditorías independientes que verifiquen el cumplimiento de requisitos legales, éticos y profesionales. Además, la sociedad civil debe tener un papel más activo en la denuncia y documentación de irregularidades en los procesos de selección.
A esto se suma la necesidad de un marco legal más claro y estricto sobre los criterios de idoneidad. Hoy, estos criterios están tan abiertos a interpretación que permiten filtraciones y compadrazgos. La ley debe especificar no sólo requisitos académicos y profesionales, sino también el tipo de investigaciones que deben realizarse sobre cada aspirante, incluyendo análisis de entorno social, antecedentes penales, evolución patrimonial y vínculos con redes criminales.
Si el Senado y el INE no asumen su papel con la seriedad que el momento exige, estarán condenando a la ciudadanía a vivir bajo un sistema judicial capturado, donde el acceso a la justicia se convierte en una lotería o en un privilegio comprado. No hay democracia sin justicia, y no hay justicia posible sin jueces honestos, capaces y comprometidos con la legalidad.
La confianza pública en las instituciones no se recupera con discursos ni con deslindes mediáticos. Se recupera con acciones concretas, con decisiones valientes y con una vigilancia ciudadana que no permita más componendas ni complicidades. Si hoy se permite que 26 candidatos “no idóneos” se acerquen al corazón del sistema judicial, mañana serán 50, luego 100, y pronto será imposible limpiar un sistema ya podrido desde sus cimientos.
El reloj institucional está en cuenta regresiva. Las decisiones que se tomen —o se eviten— en los próximos días marcarán el rumbo del Poder Judicial por años. No es momento para titubeos ni para lavarse las manos. Es momento de asumir responsabilidades, de exigir rendición de cuentas y de proteger, por todos los medios posibles, la integridad de nuestra justicia.
¿Podrán el Senado y el INE estar a la altura de esa responsabilidad?
