Despertó el occidente del país bajo un estado de sitio que desdibujó la frontera entre la seguridad y el pánico. La noticia sobre la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, objetivo prioritario para las administraciones de México y Estados Unidos, transformó la monotonía de un domingo de desayuno fuera y misa en una jornada de calles desiertas y establecimientos clausurados por el temor.

En ciudades como Tepic, Guadalajara y Puerto Vallarta, el flujo cotidiano se detuvo mientras las columnas de humo de vehículos incendiados se convertían en el único referente visual de una crisis de seguridad nacional. La psicosis colectiva se alimentó del vacío en las avenidas y el cierre preventivo de negocios que, apenas una noche antes, operaban con normalidad.

Ejecutaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano una operación quirúrgica en Tapalpa, Jalisco, apoyada por aeronaves de la Fuerza Aérea tras meses de seguimiento mediante inteligencia militar central y la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia. El enfrentamiento derivó en la baja de cuatro integrantes del grupo delictivo y tres heridos de gravedad, entre ellos el líder de la organización, quien perdió la vida durante su traslado vía aérea hacia la Ciudad de México. Durante la incursión, el personal castrense aseguró lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir blindados, lo que evidencia el poder de fuego que custodiaba al mando criminal en su refugio de la zona de la sierra.

La reacción de la estructura delictiva se manifestó de inmediato con una ola de violencia que asfixió las principales vías de comunicación en Nayarit. Registraron las autoridades bloqueos críticos en el bulevar Tepic-Xalisco, específicamente en la conocida Curva del Guayabo, donde un autobús de la línea Pacífico y un camión de pasajeros que cubría la ruta Tepic–Canoas fueron consumidos por las llamas. El pánico se extendió hacia las autopistas que conectan a Tepic con Mazatlán y Guadalajara, donde el uso de tráileres y vehículos pesados para obstruir el paso dejó varados a cientos de automovilistas que atestiguaron el despliegue de hombres armados operando con total impunidad en diversos tramos carreteros.

En Puerto Vallarta, la situación alcanzó niveles de emergencia cuando el fuego llegó a zonas de alta afluencia turística y comercial. Reportaron incidentes violentos en el puente Ameca y la delegación Las Juntas, donde sujetos a bordo de motocicletas arrojaron artefactos “ponchallantas” para inmovilizar el tránsito hacia la ciudad. Los incendios de vehículos se replicaron en las inmediaciones de plazas comerciales como Costco y Plaza Caracol, afectando también a establecimientos de servicios básicos como AutoZone Ixtapa, tiendas Oxxo y Kiosko. Esta dispersión de los ataques en puntos estratégicos de la costa generó una movilización masiva de los cuerpos de bomberos, quienes trabajaron bajo condiciones de extrema tensión para sofocar los focos de incendio en la zona urbana.

Informó el Gobierno del Estado de Nayarit la suspensión total de labores en todas las dependencias del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados para este lunes 23 de febrero. Esta medida de excepción, que busca salvaguardar la integridad del personal ante la inestabilidad registrada, se complementó con el anuncio de la Secretaría de Educación sobre la cancelación de clases en todos los niveles educativos de la entidad, desde educación básica hasta superior. La parálisis institucional refleja la gravedad de una situación que ha obligado a las autoridades a redoblar operativos de seguridad para contener posibles réplicas de violencia en los 20 municipios.

Súmase a este cese de actividades el sector privado, encabezado por Grupo Álica, que notificó a sus gerentes y directivos la suspensión de labores en todas sus empresas. El comunicado del consorcio empresarial enfatiza que la tranquilidad de las familias es la máxima prioridad, exhortando a su personal a resguardarse en sus hogares y mantenerse atentos a la información oficial. Este cierre masivo de negocios, que incluye desde gasolineras hasta centros de distribución, retrata una economía regional detenida por la incertidumbre que sigue a la caída de una de las cúpulas delictivas más poderosas del continente, afectando la cadena de suministro y la vida laboral de miles de nayaritas.

El operativo militar, que contó con información complementaria de autoridades de los Estados Unidos dentro del marco de cooperación bilateral, marca un hito en la estrategia de seguridad nacional.

Según el reporte oficial, tres elementos de la institución resultaron heridos durante la acción en Tapalpa y fueron trasladados para su atención médica a la capital del país. La intervención coordinada entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República evitó una mayor pérdida de vidas entre las fuerzas del orden, aunque el costo social se refleja ahora en el reforzamiento de tropas que llegan desde el centro del país para blindar el estado de Jalisco y sus fronteras con Nayarit.

La sociedad civil aguarda el restablecimiento del orden en medio de un clima de desconfianza y temor.

La caída del mando criminal abre un periodo de incertidumbre sobre la sucesión interna de la organización y la posible fragmentación de sus grupos operativos en la región. Por ahora, el despliegue de las fuerzas federales intenta recuperar la movilidad en un territorio que hoy amaneció marcado por el fuego y el silencio, mientras la ciudadanía permanece en sus hogares, conectada únicamente a través de pantallas que replican, una y otra vez, las imágenes de un domingo que cambió el mapa de la seguridad en el occidente mexicano.






