J. Trinidad Espinosa Martínez, presidente de la Fundación Colosio y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho, calificó la situación del gobernador de Sinaloa con licencia como un caso de presunta “narcopolítica”. Sostuvo que éste escenario pone a prueba la solidez de los tratados de cooperación entre México y Estados Unidos ante la inminente intervención de la justicia extranjera.
El especialista en derecho advirtió que la mira del Departamento de Justicia estadounidense y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no obedece a un acto improvisado. Según su análisis, el sistema judicial del país vecino sólo activa su maquinaria cuando posee elementos de prueba contundentes para evitar procesos costosos o fallidos.
La postura del gobierno federal frente a los nexos con el crimen organizado genera dudas sobre el principio de reciprocidad internacional. Espinosa Martínez cuestionó por qué, si en el caso de Genaro García Luna bastaron los testimonios de criminales detenidos, en esta ocasión se ignora el señalamiento directo de Ismael El Mayo Zambada contra el mandatario sinaloense.
Esta diferencia de criterios revela una posible doble vara en la aplicación de la ley en territorio mexicano. Para el jurista, la defensa pública realizada desde la presidencia de la República responde a intereses electorales, debido al peso estratégico que el estado de Sinaloa representa para la estructura política de Morena en la actualidad.
El abogado sentenció que el uso de la tribuna presidencial para proteger a funcionarios señalados contamina los procesos judiciales. Un caso de tal magnitud no debe litigarse mediante redes sociales ni discursos políticos, pues esta práctica desvirtúa la justicia y fomenta una confrontación innecesaria con el gobierno de Estados Unidos.
La impunidad que parece privilegiar a los integrantes del partido oficialista es un llamado de alerta para la ciudadanía. Mientras existan solicitudes de extradición basadas en pruebas sólidas, la falta de acción por parte del Estado mexicano refuerza la percepción de una justicia selectiva que protege a sus aliados políticos por encima de los compromisos internacionales.
