La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordán, perfila desde ahora las estrategias para asegurar comicios libres de violencia en las 17 entidades que renovarán cargos el próximo año. Aunque precisó que el organismo no funge como autoridad de seguridad, subrayó la importancia de la gestión institucional para coordinar esfuerzos con los estados. Mediante mesas de trabajo técnicas, se busca que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de garantizar jornadas pacíficas y seguras para los votantes.
Sobre la renovación del Poder Judicial, Humphrey Jordán advirtió sobre complicaciones logísticas que podrían obligar a postergar el proceso hasta 2028. Detalló que una organización apresurada pondría en riesgo la transparencia y operatividad de la elección. “Posponer la elección obligaría a arrancar un proceso desde cero en septiembre de 2027”, sentenció la funcionaria al analizar los tiempos legislativos y operativos del sistema electoral mexicano.
Aquella situación generaría una brecha de desigualdad profunda para quienes aspiren a las magistraturas y juzgados frente a las estructuras partidistas. A diferencia de los partidos políticos tradicionales, los candidatos judiciales carecen de acceso a recursos públicos y tiempos oficiales en radio y televisión. Sólo mediante las redes sociales podrían difundir sus propuestas, lo cual limita drásticamente su alcance y capacidad de penetración en la ciudadanía general.
Éstos enfrentarán una confusión severa si coinciden las boletas locales con las judiciales sin una pedagogía previa adecuada para el electorado. Para la consejera, será extremadamente complejo distinguir entre candidaturas legislativas, ejecutivas y judiciales si no existe una organización razonada. Aquel escenario de saturación electoral preocupa a la autoridad nacional por el impacto que tendría en la validez y claridad del sufragio.
Denunció la funcionaria el alarmante incremento de la violencia política digital contra las mujeres, un terreno donde la justicia mexicana aún no logra sentencias efectivas. La falta de representación legal en México de diversas plataformas internacionales dificulta la persecución de los agresores y la protección de las víctimas. “A pesar de que la violencia política de género ya es un delito tipificado, hasta hoy no existe ninguna sentencia a nivel federal”, concluyó Humphrey Jordán.
