La existencia de un ecosistema de partidos contrarios al régimen hegemónico no obedece a un ejercicio de pluralidad democrática espontánea, sino a una necesidad burocrática de legitimación internacional. En el diseño de la estabilidad del altiplano, las comisiones gubernamentales han edificado una estructura donde las agrupaciones políticas desempeñan un papel complementario y previsible. Riding descifra esta función utilitaria al advertir que “sin una oposición formal, las elecciones no tendrían sentido. Y, sin elecciones, el sistema perdería su máscara de legitimidad democrática. Así, pues, la existencia de una oposición permite al sistema monopolizar el centro político”. Al operar bajo esta liturgia legal, los institutos de derecha sirven para acentuar las cualidades doctrinarias del partido en el poder, mientras que las facciones de izquierda se utilizan para desmarcarlo del socialismo real. El disenso se canaliza así por vías institucionales que, lejos de amenazar el monopolio del Estado, perpetúan la vigencia de su estructura general.

La Secretaría de Gobernación opera como el árbitro supremo que administra los recursos financieros y jurídicos de este teatro electoral. A través de la Dirección Federal de Seguridad y la Comisión Federal Electoral, el aparato de Estado vigila las actividades de los partidos registrados, infiltra facciones extremistas y diseña las normatividades técnicas de las votaciones. Las leyes en la materia se estructuran de forma discrecional: las autoridades dividen los distritos para diluir los asentamientos de la clase media urbana y recurren a los subsidios directos para sostener las estructuras operativas de los competidores menores. El autor expone la eficacia de esta domesticación al recordar el cinismo pragmático con el que los secretarios de la vieja guardia concebían el sufragio disidente, citando de manera literal las premisas del sistema: “como dijera en cierta ocasión Mario Moya Palencia, ex secretario de Gobernación: «Un voto contra el PRI es un voto en favor del sistema». Y Jesús Reyes Heroles, su sucesor, dijo de la oposición: «Lo que resiste, apoya»”.

La necesidad de institucionalizar y regularizar las expresiones de la disidencia formal se agudizó tras las crisis políticas de finales de los años sesenta, dando pie a reformas sucesivas que buscaban contener el abstencionismo cívico. El cambio de mayor alcance se instrumentó mediante la reforma política de 1978, la cual amplió la composición de la Cámara de Diputados a cuatrocientos escaños, asignando un centenar de curules a la oposición a través de un esquema paralelo de representación proporcional. Esta legislación otorgó a los institutos políticos registrados el derecho a disponer de financiamiento público directo y tiempo garantizado en las transmisiones de radio y televisión. Al amparo de estas prerrogativas económicas, la burocracia de los partidos menores quedó asimilada a la estructura de recompensas del Estado. Sin embargo, el diseño del equilibrio se alteró de manera paulatina debido a que las facilidades jurídicas de la reforma fortalecieron electoralmente a la derecha conservadora en detrimento de los partidos de izquierda.

Los comicios federales de julio de 1982 escenificaron el mayor despliegue de esta liturgia democrática formal en la historia del país. El candidato del partido hegemónico, Miguel de la Madrid Hurtado, recorrió la geografía nacional enfrentándose de manera paralela a candidatos de la derecha y de la izquierda independiente en un proceso cuyo resultado se encontraba predeterminado desde el destape burocrático. No obstante, la transparencia del sufragio se diluyó tras el cierre de las casillas y el prolongado retraso en el recuento oficial de las boletas. El autor desmitifica las cifras definitivas provistas por la Comisión Federal Electoral al apuntar las contradicciones numéricas insostenibles del escrutinio: “el número de votos emitidos para cada elección variaba inexplicablemente, ya que hubo 1.7 millones de personas más que votaron para senadores que para diputados, pese a que todas las papeletas se marcaban al mismo tiempo. La impresión general que produjeron las elecciones de 1982 fue que el gobierno había ajustado los resultados adaptándolos a sus necesidades políticas”.

La crisis financiera que acompañó el cambio de administración en 1982 transformó el comportamiento en las urnas de las clases medias urbanas, singularmente en las entidades federativas del norte de la provincia. Los ciudadanos de esta región próspera, educada e influida de forma directa por el entorno económico y de consumo de la frontera con Estados Unidos, comenzaron a canalizar su frustración laboral mediante el respaldo militante al Partido Acción Nacional. El voto de protesta en el norte dejó de operar como un formalismo decoroso para convertirse en un factor de quiebre regional. Riding analiza el impacto de este fenómeno geográfico al documentar los triunfos de la derecha en las presidencias municipales de las capitales de San Luis Potosí, Sonora, Durango y Chihuahua, así como en la fronteriza Ciudad Juárez. Esta irrupción electoral evidenció la vigencia de una alianza imprevista entre los grupos empresariales de provincia, los prelados de la jerarquía católica y las clases medias locales frente al centralismo de la capital.

La respuesta del Ejecutivo federal ante la pérdida del control político en el norte consistió en un retorno inmediato a las prácticas del fraude electoral sistemático. Las autoridades centralizadas recurrieron a la alteración directa de las actas de votación en Baja California Norte y otras entidades fronterizas, priorizando el control territorial sobre la pureza democrática, debido a que el magisterio de la tecnocracia gobernante considera inaceptable ceder el poder a las corrientes proestadunidenses de la derecha. El corresponsal estranjero concluye su examen advirtiendo el dilema que este endurecimiento punitivo impone a la legitimidad del régimen: “recurrir al fraude y la represión podría tener dos efectos peligrosos: crearía focos de tensión regionales y eliminaría una vital válvula de escape para el descontento popular”. Ante un electorado urbano cada vez más exigente, la democracia formal en los años ochenta transita hacia una encrucijada donde el teatro representativo resulta un mito indispensable para el discurso oficial, pero una realidad peligrosa para la hegemonía del Estado.