La estabilidad económica de las familias que dependen del sector arrocero se mantiene como una prioridad dentro de la agenda de fomento al campo. Mediante un esquema de coordinación estrecha con las dependencias federales, se busca establecer mecanismos que blinden el valor de la cosecha frente a los intermediarios y aseguren que el esfuerzo de meses de trabajo se traduzca en rendimientos reales para quienes trabajan la tierra.
Miguel Ángel Navarro Quintero, titular del Ejecutivo estatal, encabezó un encuentro de trabajo con los representantes de este gremio para evaluar el avance de los acuerdos establecidos recientemente. El mandatario detalló que las pláticas con la Secretaría de Agricultura federal y el organismo Alimentación para el Bienestar pretenden robustecer la cadena de comercialización, garantizando que el grano local compita en condiciones de equidad en el mercado nacional.
Bajo esta estrategia de acompañamiento técnico y legal, se pretende que los productores reciban una remuneración que cubra satisfactoriamente los costos de inversión en semillas, fertilizantes y mano de obra. La protección del patrimonio rural es el eje central de estas gestiones, pues cada ciclo agrícola representa la principal fuente de ingresos para numerosas comunidades que han perfeccionado el cultivo de este cereal durante generaciones en el estado.
Aquellas gestiones administrativas ante el Gobierno de México enfocan sus esfuerzos en que la calidad del arroz producido en la entidad sea reconocida mediante un tabulador de precios preferencial. La vinculación directa con los programas de abasto social federal servirá para que el esquema funcione sólo como una ruta de salida segura para el excedente de producción, evitando que los agricultores se vean forzados a vender a precios por debajo del costo de operación.
Reitera la administración estatal su compromiso de vigilar cada etapa del proceso, desde la siembra hasta la colocación final del producto en los centros de acopio oficiales. Estas acciones de supervisión constante buscan consolidar un modelo de justicia social en el campo, donde la rentabilidad de las parcelas permita el crecimiento sostenible de las regiones agrícolas y eleve la calidad de vida de los habitantes que viven de esta actividad.
