La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 6 de agosto al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta relación con el caso Ayotzinapa. La institución sostiene que nuevas investigaciones permitieron solicitar y ejecutar una orden de aprehensión en su contra por el supuesto ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
La dependencia informó el arresto mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, donde dio a conocer la acusación que enfrenta el exmandatario estatal.
La FGR señaló que Ángel Aguirre es considerado presunto responsable del ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, motivo por el cual se solicitó, obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra.
Godoy señala una operación desde el gobierno estatal
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que ordenó un nuevo análisis de las actuaciones existentes, el cual abrió otras líneas de investigación sobre las grabaciones captadas la noche del 26 de septiembre de 2014 en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con Godoy, las cámaras de seguridad registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, donde viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales. Las primeras versiones oficiales aseguraron que las grabaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas, pero la FGR sostiene que diligencias posteriores descartaron esa explicación.
“Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”, declaró la fiscal general.
Godoy añadió que un testimonio aportado en enero de 2026 confirmó la existencia de los videos e identificó a la persona que presuntamente los sustrajo para entregarlos al entonces gobernador. Otro testigo protegido habría señalado, en mayo del mismo año, que Aguirre ordenó durante una reunión con altos funcionarios estatales desaparecer evidencias relacionadas con los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia.
La orden de aprehensión fue concedida por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Su ejecución se realizó en el Estado de México, con respeto a los derechos humanos del detenido, indicó la FGR.
La investigación alcanza al exgobernador
Aguirre, de 70 años, encabezaba el gobierno de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014. Había llegado al cargo tras ganar las elecciones estatales de 2011 como candidato del entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política de la que se separó en octubre de 2014, en medio de las críticas dirigidas a su administración por la respuesta al caso.
La captura coloca al exgobernador entre los funcionarios de mayor nivel procesados dentro de la investigación que continúa abierta más de una década después de los hechos. Después del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Aguirre es el segundo exfuncionario de más alto rango detenido por este expediente.
Un caso que sigue sin resolverse
Los 43 estudiantes desaparecieron cuando viajaban por Guerrero con la intención de trasladarse en autobuses a la Ciudad de México para participar en una protesta estudiantil. Durante ese trayecto se enfrentaron con policías municipales que, presuntamente, mantenían vínculos con un grupo delictivo.
Desde entonces se desconoce el paradero de los normalistas y el caso permanece como uno de los episodios más emblemáticos en materia de derechos humanos en México. Las familias de los estudiantes han mantenido la exigencia de que continúen las labores de búsqueda y de que se investigue la posible participación de instituciones gubernamentales en los hechos.
La FGR informó que la captura fue resultado de nuevas investigaciones que, de acuerdo con la institución, permitieron sustentar la presunta participación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los estudiantes. La fiscal general aseguró que las familias serán informadas sobre los avances conforme lo permita el debido proceso. “No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos”, afirmó Godoy.
