El exdiputado federal y activista Rodrigo González Barrios, afirmó a través de sus redes sociales que el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda no saldrá de prisión en el corto plazo, contradiciendo la narrativa de su equipo legal. Las declaraciones surgen tras una entrevista televisiva concedida por el exmandatario desde el penal federal El Rincón, donde se encuentra recluido.
González Barrios, conocido por su defensa de las víctimas de abusos durante el sexenio 2011-2017 y quien en su calidad de vocero de la Comisión de la Verdad ha sido consultado por la Secretaría de Gobernación de México, la ONU y la Embajada de Estados Unidos en México, sostuvo que la defensa de Sandoval, tras perder el juicio que resultó en una condena, ahora intenta “litigar en los medios”.
Detalló que, si bien al exgobernador le restan dos años y siete meses para cumplir una primera sentencia de siete años por la apropiación ilegal de un rancho, enfrenta un panorama legal mucho más complejo. “Sasa no saldrá de la cárcel porque un juez federal le confirma, por segunda ocasión, vinculación a proceso por lavado de dinero y el proceso es aún más largo”, explicó el activista.
¿Qué es el delito de lavado de dinero?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como “lavado de dinero”, consiste en realizar acciones para ocultar o disfrazar el origen ilegal de fondos o activos. El objetivo es hacer que el dinero obtenido a través de actividades criminales, como la corrupción o el narcotráfico, aparente ser producto de fuentes legítimas.
Según González Barrios, este segundo proceso federal podría extenderse por más de siete años, considerando las etapas de investigación, la audiencia intermedia, el juicio oral y las posteriores apelaciones. Advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) podría sumar más pruebas y testimonios relacionados con casos como la Fundación Ríe y el rancho El Sueño.
El exdiputado también mencionó la posibilidad de que se presenten nuevas imputaciones por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, delitos que, de ser probados, harían prácticamente imposible que Sandoval Castañeda recupere su libertad.
Finalmente, justificó su postura firme al recordar el sufrimiento de las víctimas de la administración encabezada por Roberto Sandoval y su fiscal, Édgar Veytia. Mencionó casos específicos de personas que sufrieron secuestros, extorsiones y graves secuelas de salud, y concluyó: “Todo el peso de la ley contra ese gobierno de criminales”.
