La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) desplegó un operativo coordinado con fuerzas de seguridad estatales y federales para clausurar más de 20 pozos de extracción clandestina en Nayarit. Los puntos de explotación ilegal se concentran principalmente en las zonas turísticas de Bahía de Banderas y Compostela, así como en el municipio de Santiago Ixcuintla, en el norte del estado. La denuncia ciudadana ha sido fundamental para identificar sitios donde el líquido se extrae sin registro, afectando directamente la disponibilidad del recurso en los acuíferos locales.
El aprovechamiento irregular del agua en estas regiones ha derivado en un esquema de comercialización ilícita que impacta la economía de los usuarios. De acuerdo con la dirección local de la CONAGUA, el recurso se vende mediante pipas a precios que oscilan entre los 5 mil y 6 mil pesos, priorizando el suministro a establecimientos hoteleros sobre el derecho humano al consumo. Gerardo Leyva, titular del organismo en la entidad, sostiene que la transformación del agua en una mercancía de lucro daña severamente el bolsillo de los ciudadanos y vulnera el acceso equitativo al vital líquido.
La extracción no autorizada genera un déficit crítico en la recuperación de los mantos freáticos, lo que compromete la sostenibilidad del medio ambiente en las zonas productivas. El titular de la dependencia federal advirtió que todos los pozos que operan fuera de la ley están dejando una huella negativa en el equilibrio hídrico del estado. El monitoreo técnico confirma que la sustracción desmedida y sin controles de medición acelera el agotamiento de las fuentes de abastecimiento naturales que sostienen tanto el consumo humano como las actividades económicas.
Durante las intervenciones más recientes en el municipio de Bahía de Banderas, las autoridades localizaron puntos de extracción que contaban con sistemas de videovigilancia para monitorear el movimiento de las pipas. Leyva precisó que en los últimos operativos se han clausurado ocho pozos, cuatro de ellos detectados la semana pasada en áreas estratégicas de la zona turística. Estos casos particulares ya fueron remitidos a las instancias judiciales correspondientes bajo denuncias penales por el robo y explotación indebida de bienes nacionales.
El huachicoleo de agua en Nayarit amerita procesos legales que incluyen la incautación de las unidades de transporte y multas administrativas que inician en los 200 mil pesos y pueden alcanzar los 3 millones de pesos. Además de las sanciones económicas, los responsables enfrentan cargos adicionales por las afectaciones causadas al entorno ecológico. La CONAGUA mantiene la vigilancia permanente para asegurar que el agua sea utilizada conforme a sus títulos de concesión y evitar que el derecho ciudadano sea desplazado por intereses comerciales irregulares.
