La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Senado de la República una iniciativa de Ley General enfocada en prevenir, investigar y sancionar el feminicidio para combatir la impunidad en el país.
Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo Federal explicó que el objetivo central es garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer quede sin justicia. La propuesta obliga al Ministerio Público a iniciar toda investigación bajo el protocolo de feminicidio, asegurando un turno continuo para que las investigaciones no se detengan en ningún momento. Además, esta normativa de carácter general exigirá que todos los estados del país homologuen sus legislaciones locales para que el delito se castigue bajo los mismos criterios.
Por su parte, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el proyecto requiere una reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión en la creación de este tipo penal único. La ley reconocerá nueve razones de género, entre las que destacan la violencia sexual y los estereotipos. Las sanciones propuestas oscilan entre los 40 y 70 años de prisión, elevando sustancialmente los castigos económicos para quienes cometan este delito en cualquiera de sus modalidades.
La iniciativa pone especial énfasis en la protección de sectores vulnerables, considerando agravantes cuando las víctimas pertenecen a pueblos originarios, comunidades afrodescendientes o sean menores de edad o personas con discapacidad. También se sancionará con mayor severidad si el crimen ocurre en presencia de los hijos de la víctima o si ésta se encuentra en situación de movilidad, buscando así una justicia con un enfoque humano que priorice la dignidad de las comunidades tradicionalmente desatendidas.
En cuanto a las consecuencias legales, los responsables perderán de manera inmediata derechos sucesorios, la patria potestad y cualquier tutela sobre menores. El delito será perseguido de oficio y tanto la acción penal como la reparación del daño serán imprescriptibles, lo que significa que la justicia podrá buscarse sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho. Asimismo, cualquier funcionario público implicado o que entorpezca el proceso será destituido e inhabilitado de sus funciones de forma permanente.
Finalmente, el plan contempla una red de apoyo integral que incluye asistencia jurídica gratuita, servicios de salud y apoyo psicológico para los sobrevivientes y las víctimas indirectas. Se prohibirá estrictamente la difusión de imágenes de las víctimas en plataformas digitales y se creará un registro nacional para niñas y niños en situación de orfandad. Estas acciones se complementarán con el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y la implementación de programas de prevención en todo el territorio nacional, sólo con el fin de garantizar una vida libre de violencia.
