El gobierno mexicano rechazó el informe del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas y, al hacerlo, se disparó dos veces en el pie. Vanessa Romero Rocha lo documenta en su videoanálisis para El País con una estructura que avanza de lo evidente hacia lo que la polémica enterró: el propio informe le daba la razón al gobierno en uno de sus debates internos más incómodos, y el gobierno no se dio cuenta porque estaba demasiado ocupado peleando contra é.
El primer daño colateral que identifica Romero Rocha es la percepción de insensibilidad. Los argumentos técnicos que esgrimió el Estado para rechazar el documento “no funcionaron ante la opinión pública.” La frase es precisa porque señala la distancia entre dos registros que el gobierno confundió: el jurídico y el moral. Una defensa política construida con tecnicismos procesales puede ser impecable en su lógica y catastrófica en su efecto, especialmente cuando el tema de fondo es la tragedia de 130 mil familias que buscan a alguien. La frialdad del argumento no es neutral frente al dolor; lo agrava.
El segundo daño es más sofisticado y, en cierto modo, más costoso. La postura defensiva del gobierno operó como cortina de humo. La controversia se volvió estribillo, el estribillo copó el debate público y los hallazgos concretos del informe quedaron sin discutirse. Romero Rocha lo describe con exactitud: la confrontación “impidió que se discutieran hallazgos fundamentales del documento.” El gobierno convirtió un diagnóstico en una disputa de soberanía, y al hacerlo sacrificó la posibilidad de usar el informe como lo que en parte era: un respaldo internacional a algunas de sus propias posiciones.
Porque el informe tiene capas. La más visible, la que detonó la crisis diplomática, es la que confirma lo que todos saben: México enfrenta una crisis de desapariciones acompañada de un colapso forense. Romero Rocha la llama “una fotografía de un fracaso transexenal”, y el adjetivo importa porque distribuye la responsabilidad más allá del gobierno actual. El problema no nació en este sexenio ni se resolverá en él. Esa es, paradójicamente, una lectura que el gobierno podría haber aprovechado para contextualizar su herencia sin capitular ante el diagnóstico.
Pero hay un segundo plano del informe que la polémica sepultó. Escondido al final de sus páginas, el documento traza una línea que distingue la crisis mexicana de la represión política sistemática que América Latina padeció en el siglo pasado. El Comité reconoce, textualmente, que “no hay indicios fundados de que exista a nivel federal una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión.” Es una distinción que el gobierno reclamaba implícitamente en su defensa, y que la ONU le concedía en el mismo texto que decidió rechazar de plano. La ironía es mayúscula.
El tercer elemento que Romero Rocha rescata del silencio es técnico pero decisivo. El Comité señaló las deficiencias profundas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y recomendó construir una herramienta que logre distinguir entre desapariciones forzadas propiamente dichas y otros fenómenos distintos, como tránsitos migratorios o ausencias voluntarias. Esa categorización, anota la columnista, es precisamente lo que el gobierno mexicano había comenzado a hacer en fechas recientes. La ONU no estaba atacando al Estado mexicano en ese punto: le estaba dando la razón.
Ahí está la mayor ironía del episodio. Al atrincherarse frente al informe como si fuera un ataque en bloque, el gobierno “pareció no darse cuenta de que la ONU le estaba dando la razón en uno de sus debates internos más complicados.” Un manejo distinto de la respuesta habría permitido separar los elementos del documento, aceptar el diagnóstico histórico, defender los avances en categorización y discutir con fundamento los puntos donde la metodología del Comité era debatible. En cambio, el rechazo total cerró todas esas puertas al mismo tiempo.
El videoanálisis de Romero Rocha no toma partido entre el gobierno y el Comité. Hace algo más útil: muestra el costo de una estrategia de comunicación que privilegió el orgullo institucional sobre la inteligencia política. En una crisis con 130 mil desaparecidos como telón de fondo, esa elección rebasa un simple error de relaciones públicas. Es una señal sobre qué considera prioritario quien la toma. Las familias que buscan llevan años aprendiendo a leer esas señales. El informe de la ONU, con sus matices y sus límites, les dio razones para no dejar de hacerlo.
