El 21 de abril, La Jornada reveló, con base en versiones de legisladores morenistas, una pretensión que reordena el tablero electoral rumbo a 2027: Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, planteó a sus aliados que al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le corresponden cinco de las 17 candidaturas a gubernatura que estarán en juego el próximo año. La aspiración fue respaldada en público por Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, quien advirtió que su partido tiene fuerza para competir solo en las entidades donde no se respeten sus mediciones.
Las cinco entidades en la lista son San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Nuevo León y Guerrero. Tres las gobierna hoy Morena: Nayarit, Quintana Roo y Guerrero. San Luis Potosí ya es del Verde con Ricardo Gallardo. Nuevo León está en manos de Movimiento Ciudadano con Samuel García. El Verde le disputa tres candidaturas a su socio principal, una a Movimiento Ciudadano y conserva la que ya gobierna.
En el cómputo final del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el PVEM obtuvo 4 millones 677 mil 057 votos para la Presidencia, el 7.8 por ciento de la votación nacional. El partido se quedó con 77 diputaciones federales en la LXVI Legislatura: 57 de mayoría relativa y 20 plurinominales. En el Senado obtuvo 14 escaños. Los 57 distritos de mayoría relativa los ganó bajo la coalición Sigamos Haciendo Historia. La fuerza territorial que el partido invoca en la mesa de negociación es fuerza de coalición, votada en boletas con el sello guinda al lado del tucán.
La cifra que más le importa a Morena es la de mayoría calificada. En San Lázaro, la alianza suma 364 diputados, 30 por encima del piso constitucional de 334. Sin el Verde, Morena y el PT quedan en 287, 47 escaños por debajo. En el Senado, los 83 lugares de la alianza están a 3 de la mayoría calificada de 86; sin los 14 senadores del Verde, el bloque oficialista baja a 69, 17 por debajo. Esa aritmética es la palanca real de la presión del Niño Verde.
El PVEM ha ganado dos gubernaturas en toda su historia. La primera fue Chiapas en 2012, cuando Manuel Velasco encabezó la candidatura por una coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PVEM y Nueva Alianza. La sucesión en 2018 quedó en manos de Rutilio Escandón, abanderado de Morena en la coalición Juntos Haremos Historia. La segunda fue San Luis Potosí en 2021, donde Ricardo Gallardo Cardona, militante del Verde desde 2019 tras dos décadas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ganó con una alianza PVEM-PT después de que Morena rompió la coalición en ese estado. Es el único triunfo del Verde sin Morena ni el PRI en su trayectoria, y se logró con un candidato que llegó al partido dos años antes de la elección.
La gestión potosina tiene su propio capítulo. En enero de 2026, Gallardo vetó la llamada Ley Esposa, una reforma local que restringía la candidatura de 2027 a mujeres y que beneficiaba a su esposa, la senadora Ruth González Silva, hoy señalada como aspirante del Verde para sucederlo. La Ley Esposa fue retirada bajo presión pública, pero el escenario sucesorio quedó instalado: la dirigencia nacional del PVEM, encabezada por Karen Castrejón, anunció en abril que en San Luis Potosí el partido competirá sin coalición. La amenaza de ir solo se ha cruzado con la negociación nacional como una forma de subir el precio.
El antecedente más documentado del estilo del Verde está en las resoluciones electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) multó al partido en 2021 con 40.9 millones de pesos por contratar a 104 influencers que violaron la veda electoral en Instagram, y le impuso la suspensión de spots en radio y televisión durante un año. En procedimiento separado, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió una sanción adicional de 118 millones 507 mil 808 pesos, equivalente al 25 por ciento del financiamiento público anual del partido. La Sala Superior ratificó ambas resoluciones y consignó que se trataba de una conducta reiterada: el PVEM había orquestado una operación similar en Twitter en 2015. La pauta volvió a aparecer en 2024 con un grupo menor de creadores de contenido.
La pretensión de cinco gubernaturas tropieza con la geografía. En Guerrero, Velasco declaró el 8 de mayo a la salida de Palacio Nacional que la coalición sostendrá la candidatura conjunta. En Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, el Verde no tiene antecedentes recientes de competitividad estatal. En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama ganó en 2022 con respaldo verde, pero la candidatura de relevo está en disputa abierta dentro de Morena. En San Luis Potosí, el Verde ya rompió. Quedan Nayarit y la negociación cruzada con la dirigencia nacional del partido, que apunta a Castrejón para algún estado del sur.
El cálculo de Morena tiene dos columnas. En la primera, el costo de ceder candidaturas en plazas donde sus militantes han trabajado el territorio durante un sexenio; senadores morenistas han hablado en público de «chantajes», un término que el zacatecano Saúl Monreal puso en circulación. En la segunda, el costo legislativo de perder al Verde: sin sus 77 diputados y 14 senadores, la mayoría calificada se desarma y el calendario de reformas constitucionales del sexenio se vuelve impracticable.
La decisión pasará por las encuestas internas que la mesa nacional de la coalición ha convocado para después del Mundial de futbol, con cuatro aspirantes por Morena, uno por el Verde y uno por el PT en cada estado. Allí, el peso del Verde se podrá medir sin coalición de boleta, contra perfiles morenistas que llevan años construyendo carrera. El resultado dirá si la fuerza del Niño Verde está en los votos que aporta o en los que su socio no quiere arriesgar perder.
