La relación entre funcionarios públicos ―especialmente del poder ejecutivo y de las fuerzas armadas y de seguridad pública― y los grupos del crimen organizado ha sido, a lo largo de varias décadas, un tema recurrente de conversación y que ha estado presente en los medios de comunicación, en el cine {y más recientemente, en series de televisión y de “streaming”], además de ser tema de diversas investigaciones académicas…
En días recientes, este tema ha vuelto a estar en el centro de la atención o, dicho de manera más espectacular, “en el ojo del huracán”, a partir de la solicitud de detención provisional de un grupo de personajes de la política y de las instituciones de seguridad del vecino Estado de Sinaloa, encabezado por el gobernador de la entidad [ahora con licencia temporal] y uno de sus representantes en el Senado de la República.
En ese orden de cosas, la afirmación de que las actividades del crimen organizado no son posibles en un territorio dado sin algún tipo de involucramiento de servidores públicos [técnicamente actores integrados en el Estado] es considerada como verdadera, por lo que cuando se aplica en algunos casos concretos puede considerarse, al menos, como verosímil y, no se diga, en casos como el de la vecina entidad del norte en el que ese tipo de afirmaciones tiene una larga historia.
Desde una postura en que las acusaciones provenientes de “La gran manzana” me parecen más creíbles que las afirmaciones de que no solo no hay acusaciones contra ellos, sino ni siquiera indicio alguno al respecto pronunciadas desde la tribuna presidencial y confirmadas por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pretendo, apoyado en el “Índice global de crimen organizado 2025”―publicado por “Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC)”―, ofrecer un panorama general del crimen organizado en nuestro país, así como mostrar la relevancia que los “actores integrados en el Estado” desempeñan en su expansión.
Se trata de un documento amplio ―cuyos indicadores principales se pueden consultar en la página electrónica correspondiente [ https://ocindex.net/ ]―, que, ya desde el mensaje de presentación de su director ejecutivo, subraya la relevancia que el crimen organizado ha alcanzado a nivel global, cuando señala que “está debilitando la democracia, la soberanía de los Estados y hasta la paz y la seguridad internacionales”; que “los delincuentes suelen ser los primeros en adaptarse a y aprovecharse de cambios como la competencia geopolítica, la velocidad de la innovación tecnológica, los conflictos violentos, las guerras comerciales y la erosión de la democracia”.
A su vez, en la introducción, enumera los cinco cambios recientes de mayor relevancia en el panorama mundial de la criminalidad: 1. El cambio de predominio en los mercados de la droga, 2. El importante aumento de las formas no violentas de crimen organizado, 3. El aumento del comercio de productos falsos en una economía lícita mundial inestable, 4. La mayor influencia de los actores extranjeros y los del sector privado y, 5. El aumento de la presión sobre el sistema de cooperación internacional, el judicial y el de detención.
En el caso específico de los mercados de la droga, se lee lo siguiente: “las drogas sintéticas y la cocaína están en ascenso, mientras que el cannabis y la heroína pierden terreno”, de lo que no es difícil deducir la importancia que en esos cambios ha tenido nuestro país.
En la sección dedicada a “los artífices de la expansión de la criminalidad” [grupos de tipo mafioso, redes criminales, actores integrados en el Estado, actores extranjeros y actores del sector privado] aparece un gráfico que muestra su evolución entre 2021 y 2025, así como la afirmación de que, a lo largo de esos años, “los actores extranjeros fueron los que más aumentaron en general” y “los actores del sector privado son los que crecieron más de golpe”. En cuanto al artífice que nos ocupa ―los actores involucrados en el Estado―, aclara que, a pesar de que los actores acabados de mencionar se acercan a la vanguardia del crimen organizado, “los actores integrados en el Estado […] no han perdido importancia, […] que, por el contrario, siguen siendo los más influyentes a nivel mundial”.
En otra de las secciones del “Índice 2025” se identifican las principales medidas que los países tienen que adoptar para fortalecer la resiliencia y reducir los niveles del crimen organizado y se mencionan las ocho que tienen efectos estadísticamente significativos y negativos sobre la presencia de actores integrados en el Estado: prevención; apoyo a víctimas y testigos; sistema judicial y detención; lucha contra el lavado de dinero; capacidad de regulación económica; liderazgo político y gobernanza transparencia gubernamental y rendición de cuentas, así como políticas y leyes nacionales…
La última sección del “Índex” presenta cuatro tablas con las puntuaciones en cuatro rubros: criminalidad, mercados criminales, actores criminales y resiliencia…
En relación con la criminalidad, nuestro país ocupa el tercer lugar entre 193 países clasificados con una puntuación de 7.68 [sobre 10], solo debajo de Myanmar [8.08]y Colombia [7.82].
En materia de mercados criminales, ocupa el primer lugar con una calificación de 8.27, producto de calificaciones que alcanzan un 9.00 en cinco de quince rubros [tráfico de personas, extorsión y cobros ilegales por protección, tráfico de armas, comercio de cocaína, comercio de drogas sintéticas] 8.50, en dos [comercio de productos falsificados y delitos financieros]; 8.00 en cuatro [trata de personas, delitos contra los recursos no renovables, comercio de cannabis y delitos dependientes de la cibernética y 7.50 en los rubros restantes…
En cuanto a los actores criminales, México ocupa el 24° lugar, gracias a que, no obstante tener puntuaciones muy altas en grupos de tipo mafioso [9.00] [solo superado por la República Democrática del Congo y Somalia] y redes criminales [7.50], las puntuaciones en cuanto a actores del sector privado [6.50] y, sobre todo de los actores extranjeros [4.00] son bastante bajas.
Finalmente, en cuanto a resiliencia, nuestro país ocupa el lugar 111, con una puntuación de 4.50, lejana tanto de Myanmar [1.46] que ocupa el lugar 193 y de Finlandia [8.42] que ocupa el 1. Esta puntuación deriva de un 3.00 en integridad territorial; 3.50 en liderazgo político y gobernanza y apoyo a víctimas y testigos; un 4.00 en transparencia gubernamental y rendición de cuentas, sistema judicial y de detención y prevención; un 4.50 en lucha contra el lavado de dinero; un 5.00 en cuerpos de seguridad, capacidad de regulación económica y actores no estatales, así como un 5.50 en políticas y leyes nacionales y un 7.00 en cooperación internacional, la única puntuación “no reprobatoria”…
