Ignacio Morales Lechuga lleva semanas mirando el mismo fenómeno desde ángulos distintos. Primero fue la UIF con facultades para congelar cuentas sin orden judicial. Luego el informe de la ONU sobre desapariciones y la respuesta irritada del gobierno. Hoy, en El Universal, el exProcurador General de la República llega al punto más extremo de esa secuencia: Sinaloa ya rebasa el umbral de una crisis de seguridad y describe algo cualitativamente distinto, la captura del Estado por el crimen organizado, y la única salida constitucional disponible es la desaparición de poderes.
La presión de Estados Unidos sobre el Estado mexicano va más allá de los discursos y las declaraciones diplomáticas. Incluye acusaciones formales, expedientes judiciales, solicitudes de extradición y ventilación pública de pruebas. Para Morales Lechuga, ese conjunto describe algo específico: “el crimen dejó de comportarse como un agente externo que corrompe instituciones, para perfilarse como el actor que detenta el poder.” La distinción define el tipo de respuesta que el problema exige. Una infiltración criminal se combate con investigación y proceso penal. Una captura institucional requiere instrumentos de mayor alcance.
Las acusaciones norteamericanas apuntan a una red que envuelve al Poder Ejecutivo estatal, a estructuras judiciales y a órganos electorales. Una red extendida implica que la corrupción dejó de ser un fenómeno de casos aislados para convertirse en arquitectura de gobierno. Eso es lo que los expedientes describen, según el texto: complicidad institucional, intimidación electoral, redes de nepotismo y estructuras de protección criminal. Todo aquello que las autoridades mexicanas trataron durante años como “golpeteo” opositor aparece hoy en documentos judiciales de otro país.
Ante ese cuadro, Morales Lechuga señala una solución constitucional: la desaparición de poderes contemplada en la fracción V del artículo 76 de la Constitución, la facultad del Senado para intervenir en una entidad federativa cuando el orden institucional está gravemente comprometido. El columnista aporta el contexto histórico que le da peso al argumento: la medida se ha aplicado más de 60 veces en la historia del país. San Luis Potosí en 1938, por una rebelión del gobernador. Guanajuato en 1946, tras hechos violentos con 26 muertos. Guerrero en 1961, cuando un movimiento ciudadano derrocó a Raúl Caballero Aburto. Hidalgo en 1975, contra el cacique Manuel Sánchez Vite. Todos esos antecedentes tienen algo en común que Morales Lechuga subraya: ninguno se activó por vínculos con la delincuencia organizada. La Constitución diseñó esa facultad para escenarios donde el orden institucional colapsa desde adentro. Los 60 casos anteriores cubrieron rebeliones, violencia electoral y cacicazgos. Sinaloa representaría una categoría nueva: la primera vez que el mecanismo se activaría por captura criminal del Estado, lo cual mide la distancia entre lo que la República conoció antes y lo que enfrenta ahora.
El tramo más político de la columna es el que confronta directamente la lógica del discurso oficial. El gobierno, escribe Morales Lechuga, tiende a encuadrar toda crítica como agresión extranjera o conspiración interna. Esa respuesta puede cohesionar bases partidistas, concede el columnista, pero resulta “desastrosa para reconstruir confianza institucional.” La frase central del argumento es ésta: “La soberanía no se protege negando problemas, sino demostrando que el Estado tiene capacidad de investigarse, corregirse y sancionarse a sí mismo.” La intervención de Washington crece en la medida en que el Estado mexicano demuestra renuencia para actuar. El vacío que deja esa renuencia lo llenan otros actores, incluidos gobiernos extranjeros.
Hay un tramo donde Morales Lechuga ensancha el diagnóstico más allá de Sinaloa. México, escribe, se convirtió en “un país administrado por una clase política obsesionada con conservar el poder a costa del deterioro progresivo de las instituciones que sostienen a la República.” La afirmación cubre generaciones políticas, partidos y administraciones. Todo se reduce, dice el columnista, “a resistir el siguiente escándalo, controlar la narrativa, neutralizar la próxima crisis mediática.” La visión de largo plazo cedió ante el cálculo de la semana.
Lo más grave del diagnóstico es lo que Morales Lechuga llama “la normalización de la degradación”: la sociedad atestigua la captura criminal del Estado con resignación y cansancio moral. Esa “anestesia colectiva” es, en su lectura, “el mayor triunfo de la corrupción estructural, cuando la frontera entre verdad y mentira pierde relevancia pública.” Una democracia colapsa cuando las instituciones fallan, pero también cuando los ciudadanos dejan de esperar que funcionen. El segundo proceso es más lento y más difícil de revertir.
La columna cierra con una afirmación sobre la inevitabilidad de la realidad frente a cualquier narrativa de control. Ningún sistema político sobrevive cuando las instituciones dejan de generar confianza, ninguna economía prospera bajo sospecha permanente de captura criminal, ninguna democracia resiste cuando el ciudadano percibe que las leyes operan para unos y se suspenden para otros. “Sinaloa”, concluye Morales Lechuga, “es la antesala donde México contempla el riesgo de sustituir gobierno por estructura criminal organizada y Estado de Derecho por encubrimiento.”
La palabra antesala merece atención. Morales Lechuga no dice que el proceso ya se consumó. Dice que Sinaloa es el espacio donde ese riesgo se vuelve visible y concreto, donde el país puede contemplar lo que ocurre cuando el Estado abdica de su función. La desaparición de poderes que propone es el único instrumento constitucional a la altura de lo que describe. Esta columna es la más dura de la secuencia que el exProcurador lleva publicando en semanas: en las anteriores discutía garantías individuales, metodología de derechos humanos o respuesta diplomática. En ésta llega al punto sin rodeos: hay un estado de la República donde el crimen organizado puede haber dejado de ser el problema para convertirse en el gobierno, y la Constitución tiene una respuesta para ese escenario. La pregunta que deja el texto, sin formularla, es si alguien en el poder tiene voluntad de usarla.
