Inspectores federales mantienen operativos de vigilancia en dieciséis granjas porcícolas y avícolas señaladas por verter contaminantes directos en el río Mololoa. Las acciones de supervisión derivaron recientemente en la clausura de un pozo de agua y un establecimiento de producción cárnica en el municipio de Santa María del Oro. Las intervenciones de la autoridad buscan frenar el deterioro ecológico provocado por descargas que violan de forma sistemática la normatividad ambiental vigente.
El director local de la Comisión Nacional del Agua, Gerardo Leyva, confirmó que el pozo sancionado operaba de forma irregular al carecer de la concesión requerida para la modalidad de usos y servicios. La infraestructura hidráulica abastecía un complejo agropecuario que alberga cerca de nueve mil porcinos y ciento sesenta mil aves de corral. El funcionario precisó que el sitio arrojaba residuos sin un proceso de filtración adecuado las veinticuatro horas del día.
Técnicos especializados de la dependencia recolectaron muestras físicas en la zona afectada con el apoyo de un laboratorio certificado. Los análisis de laboratorio permitieron acreditar formalmente el delito ambiental para proceder con la denuncia jurídica ante las instancias federales correspondientes. Las investigaciones continúan sobre el resto de los complejos productivos ubicados en los márgenes de la cuenca hídrica para determinar el nivel de afectación actual.
Las autoridades federales concentran los esfuerzos de fiscalización en los negocios dedicados a la cría de cerdos debido a la presencia de tuberías conectadas de manera directa al caudal. Las granjas avícolas presentan una dinámica distinta de contaminación que suele manifestarse principalmente con la llegada de las precipitaciones pluviales estacionales. El agua de lluvia satura los depósitos de almacenamiento y arrastra los sedimentos acumulados hacia las corrientes superficiales.
Las fosas destinadas a la captación de la pollinaza registran desbordamientos recurrentes que complican la fiscalización oportuna durante el periodo de estiaje. Las supervisiones técnicas requieren de un calendario estratégico para documentar las infracciones en el momento exacto del derrame. Sólo mediante la verificación constante en las distintas épocas del año se logra asegurar el cumplimiento de los parámetros de sustentabilidad y proteger el entorno natural.
