El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, escribió este lunes en redes sociales que la lucha contra los cárteles debería acercar a los dos países en lugar de enfrentarlos. Cada momento dedicado a convertir ese problema en disputa política, sostuvo, es «una oportunidad perdida». El mensaje respondía, sin nombrarla, a Claudia Sheinbaum, que un día antes había endurecido su discurso contra Washington frente a una multitud reunida en el Monumento a la Revolución.
En ese acto, la Presidenta cargó contra el «injerencismo extranjero» y planteó que Estados Unidos podría intentar influir en los comicios mexicanos de 2027 a través de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por una presunta colaboración con el narcotráfico. «México no es piñata de nadie», dijo. El próximo año se disputan alrededor de 3.000 cargos locales y federales, una cifra que explica por qué cada acusación se lee también en clave electoral.
El tono marcó un cambio de estrategia. Durante meses, Sheinbaum manejó la relación con la Casa Blanca con lo que ella misma llamó «cabeza fría», un contraste deliberado frente al estilo de la administración de Donald Trump. Esa contención terminó cuando la justicia estadounidense puso en la mira a una decena de políticos de Morena en Sinaloa, Rocha incluido. Para la Presidenta, el calendario de las acusaciones, a un año de las elecciones, no obedece a la casualidad.
Los señalamientos alcanzan a varias figuras del gobierno en un estado asociado desde hace décadas al poder del narcotráfico, entre ellas el exsecretario de seguridad del propio Rocha, contra quien la fiscalía estadounidense afirma reunir evidencia abundante. Que el gobernador en funciones aparezca en la lista trasladó el expediente de los tribunales a la portada política y obligó a Sheinbaum a elegir entre el silencio prudente y la defensa frontal. Optó por la segunda. La oposición sostiene que las acusaciones describen un problema real que el discurso de la soberanía pretende tapar; el gobierno responde que obedecen a un cálculo con fecha de elección.
En el mitin del domingo, la mandataria fue más lejos que en cualquier momento previo de su gestión. Además de defender a los señalados, lanzó preguntas que dejó abiertas. ¿Las acusaciones responden a un interés real por combatir al crimen organizado, o ciertos sectores de la ultraderecha estadounidense usan a México para posicionarse de cara a sus propias elecciones de 2026? El planteamiento convirtió un expediente judicial en materia de política exterior, y el auditorio respondió con aplausos.
El lunes, la propia Sheinbaum matizó. En su conferencia matutina aseguró que no cree que Donald Trump encabece la ofensiva contra su gobierno, y atribuyó la campaña a grupos de extrema derecha incómodos con una buena relación bilateral, apoyados por medios de comunicación y por redes sociales. La tesis de fondo siguió en pie; cambió el destinatario. Primero informar a la ciudadanía, dijo, y después actuar por la vía diplomática.
La distinción tiene una explicación práctica. México negocia con Washington aranceles e integración productiva, y un choque directo con la presidencia estadounidense pondría en riesgo esas conversaciones. La Presidenta puede señalar a la ultraderecha sin pagar un costo inmediato. Romper con Trump tendría uno mucho mayor, y de eso depende buena parte de la economía mexicana.
El perfil del diplomático que lanzó la invitación a cooperar añade una capa al episodio. Johnson, nombrado por Trump y ratificado por el Senado estadounidense en abril de 2025, llegó a la embajada con cuatro décadas de carrera militar y de inteligencia, buena parte de ellas en la CIA. En su audiencia de confirmación no descartó una acción militar de su país en territorio mexicano contra los cárteles si peligraba la vida de un ciudadano estadounidense. Que un funcionario con ese historial pida sacar el narcotráfico de la pugna política, mientras Sheinbaum exenta a Trump y apunta a la ultraderecha, deja a los dos gobiernos sosteniendo el mismo canal por arriba mientras el choque se libra por debajo.
La narrativa avanzó también en el Congreso. La semana pasada, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados aprobó, con 307 votos, una reforma constitucional que suma la intervención extranjera comprobada como causal de nulidad electoral. El dictamen, impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y respaldado por el PT y el PVEM, pasó tras una sesión que se prolongó toda la madrugada y se turnó al Senado entre las objeciones de la oposición. El texto modifica el artículo 41 y abarca conductas que van de la propaganda difundida desde el exterior al financiamiento ilícito internacional. Para atajar las críticas por la amplitud de la redacción, el propio Monreal introdujo a última hora una reserva que buscaba acotar la definición. En paralelo, Morena adelantó su intención de modificar las leyes electorales secundarias para armonizarlas con la reforma, lo que encendió alertas sobre el trato a los medios internacionales y a las plataformas digitales durante las campañas. La pregunta que nadie respondió en tribuna: quién decide, y con qué criterio, qué cuenta como injerencia.
El camino legislativo apenas comienza. Una reforma constitucional requiere el voto de dos terceras partes del Senado y el aval de la mayoría de los congresos estatales, de modo que el oficialismo todavía deberá medir sus apoyos en la cámara alta, donde la oposición anticipa una pelea más cerrada que en San Lázaro.
La oposición leyó la maniobra con desconfianza. El panista Elías Lixa reprochó que el debate se planteara como una elección entre aceptar o rechazar la soberanía nacional, cuando ningún legislador defiende la intromisión externa. El priista Rubén Moreira advirtió que la redacción podría derivar en censura o en restricciones indirectas a los medios durante los procesos electorales. El temor de fondo, repetido en los pasillos de San Lázaro, es que la causal sirva para arrebatar en la mesa lo que un partido prevé que no ganará en las urnas.
Esa misma duda la formuló, desde el derecho, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. El gremio fijó postura este lunes con una lectura que choca con el relato oficial. Reconoció que defender la soberanía y la independencia de los procesos electorales son objetivos legítimos en toda democracia, pero subrayó que las reglas para validar una elección deben apoyarse en estándares estrictos de legalidad y seguridad jurídica, y la nueva causal ofrece lo contrario. Términos como «intervención» o «injerencia extranjera» abarcan conductas de naturaleza tan distinta que su aplicación queda a merced de la interpretación, con riesgo de detonar conflictos después de cada jornada. Su presidenta, Ana María Kudisch Castelló, lo planteó en una frase: la fortaleza de la democracia mexicana depende de reglas claras e instituciones imparciales que den certeza a la ciudadanía y a los partidos. La herramienta pensada para blindar la elección de 2027 también puede servir para impugnarla.
