El ejercicio de la gestión gubernamental en la región centro del continente opera bajo normatividades prácticas que desafían los juicios morales de las sociedades occidentales. En la arquitectura del poder local, las transacciones financieras irregulares constituyen el eje estructural que garantiza la viabilidad del orden civil, desplazando la relevancia de la normatividad formal. Alan Riding desmitifica la indignación burocrática al advertir abiertamente que “los funcionarios mexicanos generalmente no admiten —sobre todo ante extranjeros— que la corrupción es esencial para el funcionamiento y la supervivencia del sistema político. Pero, de hecho, el sistema nunca ha vivido sin corrupción y se desintegraría, o cambiaría tanto que resultaría imposible reconocerlo, en caso de que tratara de eliminarla”. Bajo esta premisa, la sustitución del libre arbitrio por la aplicación estricta de los códigos jurídicos paralizaría la estructura del Estado, destruyendo los canales tradicionales de negociación que han asegurado la paz pública desde la conclusión del movimiento armado de 1910.
El origen de esta conducta administrativa se encuentra vinculado a un historial de adaptaciones coloniales y prehispánicas que invalidan la eficacia de los preceptos legales abstractos. Ante la imposición de leyes rígidas y centralizadas dictadas desde la metrópoli española, las burocracias locales desarrollaron mecanismos de evasión sistemática para permitir la viabilidad del comercio y la convivencia ordinaria. El autor devela la raíz filológica de este fenómeno al apuntar que “aquello que la ética protestante podría considerar corrupción surgió como vía práctica para salvar la brecha entre la legislación idealista y la administración de la vida cotidiana”. La falta de honradez se convirtió en un sistema paralelo de operación donde “la división entre la honradez y la falta de ésta, por consiguiente, era opacada por las tradiciones parapetadas”. El puesto público se consolidó históricamente como una propiedad temporal destinada al beneficio de grupo, una herencia colonial donde el desacato formal a la ley aseguraba la estabilidad del feudo.
La maquinaria corporativa del régimen posrevolucionario institucionalizó estas prácticas, empleando los recursos del erario para cooptar a los líderes militares y someter a las facciones obreras y campesinas. La distribución de prebendas y el otorgamiento de exenciones funcionaron como los pilares de la disciplina interna de la élite gobernante. Riding sintetiza la dualidad operativa del fenómeno al establecer que “la corrupción permite que el sistema funcione, proporcionando el «lubricante» que permite que los engranajes de la maquinaria política giren, y el «engrudo», que sella las alianzas políticas”. La pacificación de las provincias occidentales y norteñas durante los años veinte descansó sobre la certidumbre de estas deudas financieras. El texto recupera el pragmatismo crudo del general Álvaro Obregón, de quien recuerda que “frecuentemente se jactaba de que: «No hay general que resista un cañonazo de 50 000 pesos»”. El soborno sustituyó de forma definitiva al uso de la fuerza militar, consolidando al Estado como el árbitro exclusivo de la riqueza nacional.
El perfil de estas transacciones económicas sufrió una transformación estructural durante los años setenta debido al flujo masivo de divisas provenientes del endeudamiento externo y las exportaciones de hidrocarburos. La centralización de los recursos alteró el diseño de la derrama financiera. En las administraciones de corte tradicional, las ganancias de la corrupción descendían de la cima de la pirámide hacia las bases regionales a cambio de lealtad electoral y movilización corporativa. Sin embargo, el auge petrolero invirtió el sentido del flujo, forzando a los beneficios a ascender hacia los estratos superiores de la burocracia técnica de la capital. Esta concentración del peculado en un menor número de manos redujo los márgenes de ganancia de los operadores locales, debilitando la credibilidad del discurso revolucionario y despertando la indignación de la clase media urbana, la cual comenzó a evaluar el fenómeno mediante parámetros éticos extranjeros.
La manifestación más inmediata y hostil de este entorno se escenifica de forma ordinaria en las calles a través de las corporaciones policiacas, cuya estructura salarial se encuentra diseñada bajo la presunción de la extorsión permanente. El agente de tránsito se ve obligado a demandar el pago de la mordida debido a que debe financiar personalmente su puesto, sus uniformes y las cuotas diarias exigidas por sus superiores inmediatos. Riding documenta la degradación total de estas instituciones de seguridad al examinar las operaciones de “Arturo Durazo Moreno, el jefe de la policía de la ciudad de México con López Portillo”. Bajo el amparo de la impunidad presidencial, la jefatura policiaca capitalina operó como una corporación delictiva dedicada al contrabando, el control del tráfico de narcóticos y la extorsión institucionalizada. Las extravagantes residencias del funcionario, edificadas con recursos públicos a la vista de la población, se transformaron tras el cambio de sexenio en símbolos del latrocinio descarado que caracterizó al período del auge financiero.
Los medios de comunicación escritos y televisivos forman parte de este andamio de cooptación, operando bajo un esquema de subsidios y prebendas que anula el ejercicio del periodismo independiente. El Estado ejerce el control de la prensa mediante la asignación discrecional de la publicidad gubernamental y el monopolio del papel. La precariedad salarial de las salas de redacción se compensa de forma regular con el otorgamiento de estipendios mensuales directos provistos por las oficinas de prensa del Ejecutivo. El corresponsal detalla el ritual de esta subordinación al enumerar los vocablos específicos del gremio, tales como “el «sobre», el «chavo», la «raya» y la «talis»”, mecanismos financieros que vinculan la supervivencia económica del articulista a la adulación del funcionario en turno. La prensa libre opera así como una ficción decorosa; el debate público se encuentra restringido por directrices telefónicas que determinan cuáles noticias deben ser destacadas y cuáles deben ser confinadas al silencio.
La campaña de renovación moral instrumentada por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado al inicio de su sexenio pretendió restaurar la credibilidad del cargo presidencial mediante el procesamiento judicial de figuras emblemáticas del pasado inmediato. La detención del ex director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, y la confiscación de las propiedades de Durazo Moreno sirvieron para liberar las tensiones de la opinión pública, pero revelaron también los límites políticos del combate a la corrupción. El autor concluye que el saneamiento de la administración pública constituye un objetivo inviable dentro del marco institucional vigente, toda vez que un sistema edificado sobre el intercambio de favores e influencias no puede sobrevivir en la pureza legal. Las campañas oficiales contra el peculado funcionan como instrumentos de disciplina interna y preservación política, diseñadas para reducir los excesos del pasado sin alterar la flexibilidad de la maquinaria que sostiene la estructura del Estado.
Riding, A. (1985). Vecinos distantes: Un retrato de los mexicanos. Joaquín Mortiz
