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Los programas sociales son justicia social: Beatriz Estrada Martínez

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La asistencia pública estatal prioriza el acceso a cirugías de alta especialidad para los sectores más vulnerables

Los esquemas de asistencia social se consolidan como una herramienta de restitución de derechos y bienestar para la población. Estas acciones buscan elevar la calidad de vida de las familias mediante servicios médicos que antes resultaban inaccesibles por motivos económicos, garantizando que la salud deje de ser un privilegio para convertirse en una realidad cotidiana en los hogares nayaritas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Mediante una postura de servicio, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora. Beatriz Estrada Martínez, subrayó que estas intervenciones representan un acto de justicia hacia la ciudadanía en lugar de una simple concesión gubernamental. Aquélla visión institucional busca que los apoyos directos solventen necesidades críticas de tranquilidad y estabilidad emocional para quienes enfrentan padecimientos crónicos, fortaleciendo el tejido social desde la base familiar.

Recientemente se lograron concretar veintiuna cirugías bariátricas en un periodo de dos semanas, brindando una alternativa de salud a personas que requieren atención metabólica urgente para mejorar su funcionalidad diaria. Tales jornadas quirúrgicas de alta especialidad permiten resolver problemas médicos de gran complejidad que, en el sector privado, representarían una carga financiera insostenible para el patrimonio de los habitantes.

Ciertas estrategias de planificación para los próximos meses incluyen procedimientos de cataratas y la colocación de prótesis de rodilla. Sólo a través de la gestión eficiente de los recursos públicos es posible atender la demanda de pacientes que esperan una oportunidad para recuperar su movilidad, integrando además servicios de seguimiento postoperatorio indispensables para asegurar el éxito total de cada intervención realizada en las unidades médicas.

Una de las áreas de mayor impacto reside en el programa de implantes cocleares, enfocado primordialmente en la niñez con problemas auditivos severos. Debido a que el valor comercial de estos dispositivos y el procedimiento quirúrgico oscila entre un millón cien mil y un millón doscientos mil pesos por paciente, el apoyo estatal absorbe un costo que resultaría inalcanzable para la economía de cualquier familia local promedio.

Este modelo de atención integral asegura que los menores beneficiados puedan integrarse plenamente a la vida escolar y social mediante la recuperación del sentido del oído. El compromiso de la administración estatal reside en mantener la gratuidad y calidad de estos servicios especializados, reafirmando que el presupuesto público cumple su función más noble cuando se destina a salvar vidas y devolver la esperanza a quienes más lo necesitan.

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