La protección de la vida y la integridad de las mujeres en la entidad se fortalece mediante la armonización de marcos jurídicos nacionales. Esta medida busca generar mayor confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia, estableciendo una base legal sólida que permita responder con firmeza ante los actos de violencia extrema en el territorio, asegurando un entorno de mayor paz para la población.
Dichas modificaciones a la Carta Magna federal facultan al Poder Legislativo para establecer leyes generales que definan el delito de feminicidio de forma uniforme en todo el país. Al eliminar las discrepancias entre normativas locales y federales, se cierran vacíos que anteriormente dificultaban la persecución de estos crímenes y la aplicación de castigos contundentes para los responsables.
Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los integrantes de la Trigésima Cuarta Legislatura respaldaron la minuta de reforma que moderniza el artículo 73 constitucional. Éste cambio normativo resulta vital para asegurar que las investigaciones consideren las circunstancias específicas de vulnerabilidad que enfrentan las víctimas, garantizando procesos judiciales con una perspectiva de género real y efectiva.
Fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno es una de las metas centrales de esta actualización legal para prevenir agresiones. El esquema de cooperación propuesto permite que la Federación y los estados actúen bajo criterios idénticos, lo que facilita que las carpetas de investigación se integren correctamente desde el primer contacto con el hecho delictivo.
Sólo mediante la unificación de sanciones y definiciones se podrá garantizar que el acceso a la justicia sea igualitario en cada rincón de la República. El Congreso local reafirma su compromiso con la dignidad de las ciudadanas al contribuir a un sistema penal más robusto, donde la respuesta institucional ante el feminicidio responda a una política de estado coherente y protectora de los derechos humanos.
