El Congreso del Estado validó el proceso de reforma constitucional destinado a incrementar la confianza pública en la impartición de justicia. Estas modificaciones a la fracción VI del artículo 83 de la Carta Magna local establecen mecanismos más estrictos para garantizar la imparcialidad en la designación de quienes integran los órganos jurisdiccionales.
Durante el desarrollo de la sesión, se realizó el cómputo oficial de las actas de cabildo tras el proceso de consulta a los ayuntamientos. La aprobación requería el aval de la mayoría de las administraciones municipales para otorgar firmeza jurídica a los cambios promovidos en el marco normativo estatal.
Catorce de las veinte municipalidades emitieron su voto a favor de fortalecer la transparencia institucional. Entre las demarcaciones que remitieron su respaldo se encuentran Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, La Yesca, Rosamorada, San Blas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y Xalisco.
Dichas enmiendas también contemplan la ampliación de los plazos de separación de cargos políticos para cualquier aspirante a una magistratura o judicatura. Con este ajuste se busca evitar conflictos de interés y asegurar que los perfiles seleccionados cuenten con una trayectoria centrada en la técnica jurídica.
Validan formalmente la constitucionalidad de las reformas tras certificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Trigésima Cuarta Legislatura. Este paso administrativo permite que las nuevas reglas de selección para jueces y magistraturas entren en vigor una vez publicadas oficialmente.
Adicionalmente, el cuerpo legislativo recibió propuestas para ajustar los límites presupuestales de manera gradual y mejorar el proceso de selección de jueces. Estas iniciativas pretenden armonizar el gasto público con las nuevas exigencias de operatividad que demanda la sociedad civil en la entidad.
