Representantes de diversas localidades originarias y afromexicanas recibieron las herramientas financieras necesarias para la ejecución de proyectos de infraestructura social en sus regiones. Este mecanismo administrativo permite que los habitantes gestionen presupuestos federales de forma autónoma, priorizando las necesidades detectadas por sus propias asambleas internas a través de un sistema de administración directa que busca eliminar la intermediación.
La delegada de Programas para el Desarrollo en Nayarit, María del Consuelo González Garza, encabezó el acto en el municipio de Santa María del Oro para formalizar el acceso a los recursos del fondo especializado para la infraestructura social. Durante la jornada, se destacó que la transferencia de estos activos empodera a las poblaciones de municipios como La Yesca, Compostela y Jala, otorgándoles la responsabilidad técnica y financiera de sus obras prioritarias.
Distintas áreas operativas explicaron las reglas de comprobación de gastos y los mecanismos de supervisión que deben observar los comités comunitarios para garantizar el éxito de los proyectos. Se enfatizó la importancia de ejercer cada peso con absoluta transparencia, asegurando que el capital se traduzca en beneficios reales para los habitantes de zonas que históricamente han carecido de servicios básicos o caminos adecuados.
Recibieron los dispositivos bancarios de manera formal representantes de las comunidades de Cantiles, Guadalupe Ocotán, Taimarita y San Jerónimo Jomulco. Este acto simbólico marca el inicio de una etapa donde la propia asamblea decide el destino de la inversión, supervisando desde la adquisición de materiales hasta la contratación de mano de obra local, lo cual dinamiza la economía interna de las regiones beneficiadas.
Mediante la implementación de informes semanales, los comités de bienestar deberán transparentar el uso de los fondos ante los integrantes de sus respectivos pueblos. La recomendación de las autoridades federales se centró en privilegiar sólo el uso de la tarjeta bancaria para realizar pagos a proveedores, reduciendo al mínimo el manejo de efectivo para facilitar las auditorías sociales y mantener cuentas claras ante la comunidad.
Aquellas comunidades participantes contarán con acompañamiento técnico y asesoría constante para asegurar que el desarrollo de los proyectos cumpla con los estándares de calidad requeridos. Cada presupuesto presentado deberá alinearse a una carta compromiso sobre la aplicación honesta del recurso, respetando siempre el calendario de ejecución que los propios ciudadanos establecieron durante sus procesos de consulta interna.
Actualmente, el programa promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca consolidar un modelo de justicia social donde los pueblos originarios recuperen la capacidad de decidir sobre su propio entorno. Al otorgar el control de la infraestructura a quienes la utilizarán, se fortalece el tejido social y se garantiza que la transformación del estado avance bajo principios de respeto a la autonomía comunitaria.
