Ignacio Morales Lechuga afirma que la vida pública mexicana convivió siempre con el tráfico de influencias y el patrimonialismo, y la corrupción operó, escribe, como «un lamentable aceite estructural del sistema». Lo que rompe el precedente, sostiene, es otra cosa, «la irrupción sin paralelo del escrutinio exterior». Nunca antes, la justicia internacional y las agencias extranjeras enfocaron a la vez sus reflectores sobre tantos políticos señalados de vínculos con el narco. El diagnóstico tiene anclaje verificable: desde 2025 se han acumulado revocaciones de visas y solicitudes de detención contra figuras cercanas al poder.
Ese cambio, argumenta, ya no admite lectura anecdótica. Las extradiciones, las visas canceladas y las investigaciones abiertas dejaron de ser episodios excepcionales, y las imputaciones por complicidad dejaron de ser rumor de la picaresca local, con un costo que él cifra en soberanía y prestigio ante los foros multilaterales.
Antes de nombrar casos, el columnista tiende un andamiaje teórico. Recorre la virtud ciudadana de Aristóteles y la distinción de Max Weber entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad» para conceder que la conducción del Estado exige prudencia, y que las intenciones puras no bastan para el bien común. Pero fija de inmediato el límite: esa distinción, escribe, «jamás pretendió legitimar la emancipación del poder respecto a su cauce ético». Una cosa es admitir que la alta política entraña dilemas, y otra «institucionalizar la narcopolítica como método deliberado de gobierno».
Aquí llega el tramo más delicado. Cuando el poder prescinde de todo límite moral, escribe, la corrupción se vuelve «el oxígeno del régimen», y sólo esa atmósfera explicaría que figuras como Rubén Rocha o Marina del Pilar «operen bajo la pesada sombra de la colusión criminal sin enfrentar consecuencias». Conviene separar el hecho verificable de la acusación. Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, es objeto de una solicitud de detención del Departamento de Justicia estadounidense desde abril, que él rechaza; a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, Estados Unidos le retiró la visa en 2025, y la Fiscalía General investiga a su exesposo por presuntos pagos del crimen organizado, señalamientos que ella pide esclarecer conforme a derecho. Ninguno ha sido condenado y ambos gozan de presunción de inocencia; la imputación de colusión es de Morales Lechuga, no un hecho probado. En el mismo pasaje, el autor sostiene que ese ecosistema vuelve cotidiano el asesinato de periodistas, un fenómeno real y documentado en México, aunque la responsabilidad concreta que él atribuye a las autoridades es su interpretación.
De ahí sale su reproche central, dirigido a la conducta del oficialismo. Le resulta «políticamente incomprensible» que el gobierno cierre filas alrededor de los suyos, descalifique por reflejo cualquier investigación y atribuya toda acusación a conspiraciones externas. Su regla es tajante y difícil de rebatir en abstracto: ningún gobierno fortalece su autoridad blindando a sus cuadros, porque «la impunidad partidista siempre termina convirtiéndose en impunidad institucional». La legitimidad, dice, nace de la disposición a investigar incluso a los de la misma camiseta.
Los juicios se endurecen hacia el final. Al perder el Estado la vigencia del derecho, escribe, el gobierno «claudicó y entregó el país a los cárteles»; la pacificación fue «una farsa» que sólo consolidó enclaves criminales que después exportaron su violencia. La podredumbre, remata, creció tanto que dejó de ser doméstica, y por eso la justicia internacional exige reparaciones «ante la parálisis cómplice del gobierno mexicano». Son afirmaciones de una gravedad mayúscula, y conviene leerlas como lo que son, la tesis de parte de un jurista muy crítico del gobierno.
El cierre es una exigencia moral. Toda regeneración, dice, empieza por «limpiar la propia casa», y ningún proyecto puede presumir superioridad ética mientras use la lealtad partidista «como un escudo contra la ley». Culpar a los adversarios o fingir sorpresa ante cada investigación es, con su imagen final, «taparse los ojos frente a un reflector»: la luz sigue ahí, y lo único que el Estado pierde al negarla es su capacidad de mirar el desastre de frente.
Vale anotar la distancia editorial, más necesaria que nunca. La columna es una pieza de opinión de Ignacio Morales Lechuga, notario y exprocurador general de la República en tiempos de Carlos Salinas, y su mirada es, sin disimulo, adversa al gobierno actual. Sus caracterizaciones más fuertes, la colusión de gobernadores en funciones, la narcopolítica como método, la entrega del país a los cárteles, son suyas y están en disputa; el oficialismo las rechaza y suele enmarcar la presión extranjera como injerencia, mientras la propia Presidenta ha pedido a Estados Unidos las razones de las visas canceladas. Lo verificable son los procesos y las medidas migratorias, no la culpabilidad de los aludidos, que ningún tribunal ha establecido.
Hecha esa salvedad, el valor del texto está en un núcleo que no depende de filias ni fobias. Más allá de los nombres, Morales Lechuga formula una regla de higiene democrática: un gobierno se legitima cuando investiga a los propios, y la impunidad que se concede por lealtad acaba corroyendo a toda la institución. Esa tesis sirve para cualquier partido en el poder, hoy y mañana, y es la parte que conviene guardar. La pregunta incómoda que deja abierta interpela a gobernantes de cualquier signo: si es posible ejercer el poder sin terminar, tarde o temprano, protegiendo de la ley a los que visten la misma camiseta.
