La pregunta con que Camarena enlaza dos asuntos es tramposa y eficaz: ahora que al gobierno le dio por proteger a las audiencias de radio y televisión, dónde acomodamos a un líder de Morena que se niega a responder a la prensa y espera que ésta se resigne a su silencio. El aludido es Adán Augusto López Hernández, senador que cobra del erario y que, según el columnista, resolvió que tiene derecho a callar cuando le preguntan por asuntos de interés público. Sus frases lo retratan, «con mucho gusto platico lo que quieran, pero yo no doy declaraciones», dijo en marzo, y ante la insistencia, «respeten mi decisión». La jugada, admite Camarena, es rara pero no inexplicable: quien no puede dar respuestas que convenzan se parapeta en un supuesto derecho a callar.
El silencio tiene origen, y aquí conviene apoyarse en hechos verificados. Siendo gobernador de Tabasco, López Hernández nombró en diciembre de 2019 a Hernán Bermúdez Requena secretario de Seguridad. Bermúdez es hoy el presunto líder de La Barredora, grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación; prófugo de la justicia, fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y enfrenta cargos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Ya en 2021, según cables de inteligencia militar revelados un año después, algunos soldados mencionaban presuntos vínculos entre Bermúdez y ese grupo. López Obrador desestimó los reportes, y el propio López Hernández los rechazó como «chismes».
El columnista arma con eso una escena de auge y caída. Tras perder la candidatura presidencial ante Sheinbaum, al tabasqueño le tocó como consuelo la jefatura de Morena en el Senado, donde, dice, no bajó el protagonismo hasta parecer dispuesto a eclipsar a la Presidenta. Entonces llegó su momento Ícaro. En julio de 2025 se dijo en Tabasco, en voz alta, que Bermúdez y La Barredora eran lo mismo, y el exfuncionario huyó desviando los reflectores hacia quien lo había nombrado.
De ahí sale el argumento más filoso de la pieza, y también el más delicado. El obradorismo, recuerda Camarena, es famoso por fabricar silogismos que luego le aprietan el pescuezo. Durante años acusó a Felipe Calderón de complicidad porque le parecía imposible que ignorara las andanzas de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, con el mantra «Calderón tuvo que saber». Por esa misma lógica, sostiene, si Calderón era corresponsable de García Luna, López Hernández lo sería de Bermúdez. Conviene ser explícito con la distancia: se trata de una inferencia del columnista, edificada sobre un silogismo político, no de un hecho probado. El senador ha negado haber sabido de las actividades criminales de Bermúdez, se dijo dispuesto a comparecer, y la Fiscalía de Tabasco declaró en septiembre de 2025 que no lo investiga ni lo ha citado. Le asiste la presunción de inocencia.
Hecha la salvedad, Camarena describe la caída con una herramienta ajena. Cita el «jetómetro» del analista Diego Petersen, ese concepto que mide cómo la adversidad se transparenta en el rostro de un político por más efusivos que sean sus discursos. En la reunión del Consejo de Morena del 20 de julio de 2025, escribe, el jetómetro del senador era contundente, con los hombros gachos y la mirada perdida, «un apestado». Lo que siguió fue cuesta abajo: en septiembre detuvieron a Bermúdez en Paraguay, y en febrero de este año López Hernández fue removido de la coordinación senatorial. Un mes después inició su «espantá», el término taurino para el matador que ve difícil al toro y se niega a seguir la lidia. Huyó de la prensa en un taxi, y nació el estribillo que repite ante cualquier reportero, ya saben que no doy declaraciones.
El caso, dice, encierra lecciones sobre las promesas incumplidas del movimiento, la vida pública que sería cada vez más pública, el no ser iguales a los de antes, el «no robar, no mentir, no traicionar», el fin del influyentismo. Y advierte contra la lectura fácil, López Hernández no está en retirada, será operador de la elección de 2027 y conserva peso en el Senado.
Eso devuelve el texto a su tesis. Si el gobierno quiere de veras proteger a las audiencias, sostiene Camarena, no puede convalidar que un senador se niegue a rendir cuentas y pretenda hacerse invisible, «emular el salinista dicho de ni los veo ni los oigo». La prensa, apunta, pregunta en nombre de la ciudadanía, y las preguntas son concretas: por qué nombró a Bermúdez, por qué lo sostuvo durante la crisis de seguridad, por qué se lo heredó a su sucesor y qué supo de lo que el ejército reportaba sobre su policía. Cada vez que responde «no voy a hablar», remata el columnista, a quien manda lejos es a los electores, más que a la prensa, y el mensaje de fondo es que a un funcionario pagado con dinero público le tiene sin cuidado deberle una explicación al que lo paga.
Vale situar la pieza. Es una columna de opinión de un autor crítico del gobierno, y su fuerza depende de separar dos planos que ella misma mezcla. Lo verificado es sólido: el nombramiento de Bermúdez, su condición de acusado y prófugo detenido en Paraguay, y el silencio sistemático del senador. Lo interpretado, en cambio, es la corresponsabilidad, que ningún tribunal ha establecido y que el aludido rechaza. El lector atento puede quedarse con lo primero sin comprar lo segundo.
Ahí está el valor del texto, en un reclamo que no depende de la culpabilidad de nadie. Más allá del caso Bermúdez, Camarena formula una regla difícil de rebatir, que quien vive del erario debe una explicación a quien lo sostiene, y que un gobierno empeñado en «proteger a las audiencias» se contradice si ampara a un poderoso que elige el mutismo. La pregunta que deja abierta es incómoda para Palacio: si el derecho a la información que hoy invoca para los ciudadanos vale también frente a los suyos, o sólo frente a los medios que le incomodan.
