El 30 de agosto, la presidenta envió al Congreso una reforma que exige «nacionalidad única» a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la capital, con el argumento de blindar la lealtad de esos cargos frente a la injerencia extranjera. Para Ignacio Morales Lechuga, la iniciativa parte de una «confusión jurídica» y termina degradando la Constitución, y su reproche cabe en una frase, cuando una mayoría cambia las reglas de elegibilidad para cerrarle el paso a quien teme enfrentar en las urnas, la ley suprema deja de ordenar la competencia y pasa a administrarla.
Su primer argumento es técnico, pero sostiene todo lo demás. La Constitución, recuerda, distingue dos cosas que la reforma mezcla, la nacionalidad, regulada en los artículos 30 a 32, que dice quién es mexicano, y la ciudadanía, en los artículos 34 a 38, que determina quién ejerce los derechos políticos. Un menor nacido en México es nacional y todavía no ciudadano; un adulto puede perder la ciudadanía sin dejar de ser mexicano. Convertir la coexistencia de dos nacionalidades en una presunción de «lealtad dividida», sostiene, confunde la pertenencia con la conducta, y juzga la biografía antes que los actos.
De ahí pasa al agravio concreto. La reforma de 1997 reconoció que adquirir otra nacionalidad no debía arrancarle a un mexicano el derecho de serlo; la iniciativa, en cambio, obligaría a renunciar a la nacionalidad que alguien recibió al nacer. Dos mexicanos con idéntica vida pública, las mismas obligaciones y la misma ciudadanía, quedarían separados por lo que él llama un «accidente biográfico», uno podría aspirar a gobernar su estado, y el otro, nacido fuera, tendría que extinguir en los papeles una nacionalidad que nunca pidió.
El remedio, añade, hace agua por varios lados. México puede regular la nacionalidad mexicana, pero carece de poder para extinguir una extranjera. Y la medida es regresiva: el artículo 1º obliga a la progresividad de los derechos humanos, y ésta recorta el universo de ciudadanos elegibles con una condición que, en muchos casos, nació con ellos y nunca dependió de su voluntad. La República, apunta, ya tiene con qué sancionar deslealtades comprobables, sin necesidad de inventar una categoría de mexicanos «incompletos» obligados a probar su fidelidad con una renuncia.
Queda, sostiene, un problema de certeza electoral. El artículo 105 exige que las normas electorales de un proceso se publiquen al menos noventa días antes de que empiece, y prohíbe cambios legales de fondo una vez iniciado. En 2027 se eligen diecisiete gubernaturas y los procesos ya entran en su fase formal, de modo que, si el Congreso pretende aplicar la nueva exigencia a esos comicios, a su juicio violaría la Constitución.
El argumento más filoso, y el más político, es el de la selección. Si el peligro fuese de veras la injerencia, se pregunta, por qué la sospecha alcanza sólo a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, y deja intactos a diputados, senadores, secretarios de Estado, directores de organismos y a toda una burocracia que también decide, contrata y regula. Una segunda nacionalidad, razona, tendría que ser peligrosa dondequiera que haya poder estatal, y no sólo en los cargos que se disputan en una elección. De esa selectividad deduce el carácter a la medida de la reforma, un valladar levantado alrededor de ciertas candidaturas porque el oficialismo teme que alguien, cuyo nombre, escribe, no cabe en la Constitución sin exhibir la dedicatoria, pueda presentarse y ganar.
Es necesario situar la pieza. Es una columna de opinión de un jurista crítico del gobierno, y su tesis de que la reforma está hecha para frenar a un aspirante temido es una inferencia suya, no un hecho establecido; la propia columna no nombra a nadie. El gobierno ofrece otra lectura: Sheinbaum presentó la iniciativa como una garantía de que un Presidente o un gobernador respondan sólo a México, un modo de «cerrar la puerta» al injerencismo, y recordó que hay gobernadores en funciones con otra nacionalidad. Si se trata de una salvaguarda legítima de la soberanía o de una barrera electoral a la medida es justo lo que está en disputa. Ahora bien, sus objeciones constitucionales, la distinción entre nacionalidad y ciudadanía, la progresividad, la regla de los noventa días, no son ocurrencias de parte: las comparten muchos juristas, aunque sigan siendo argumentos en un debate abierto y no un veredicto.
Su cierre es el que le da peso al texto. Una democracia, escribe, conserva su dignidad mientras quienes gobiernan aceptan la posibilidad de perder. Ahí está el valor de la columna, en correr la discusión del patriotismo al procedimiento, porque la pregunta que deja va más allá de si importa la lealtad a México, que importa: es si esa lealtad puede medirse contando pasaportes, y si una regla que reduce quién puede competir, redactada mientras asoma un rival incómodo, ordena la contienda o la administra. La prueba de la reforma, sugiere sin decirlo, está menos en el fin que declara que en a quién deja fuera.
