Hay imágenes que deberían obligarnos a detenernos. El mar golpeando edificios. El agua entrando donde antes parecía imposible. Restaurantes dañados, caminos convertidos en canales, viviendas cubiertas de lodo. En San Pancho, turistas evacuados de un desarrollo frente al océano. En San Blas, el agua avanzando sobre Las Islitas y alcanzando negocios y viviendas. Uno podría titular esto “Crónica de una muerte anunciada”, como tantas veces se ha hecho cuando llegan las desgracias que alguien advirtió y nadie quiso escuchar. Pero el título ya está demasiado gastado. Y quizá lo peor es que, esta vez, la frase encaja demasiado bien, pero el título que dejé hoy es mejor.
Podemos discutir si el mar está entrando más, si la playa está retrocediendo o si fuimos nosotros quienes decidimos construir demasiado cerca de él. Hay una parte de la respuesta que corresponde a la naturaleza y otra a quienes autorizaron, construyeron y permitieron ocupar espacios que siempre debieron considerarse de riesgo.
El cambio climático es real. La ciencia lleva años advirtiendo que el aumento del nivel del mar incrementa la frecuencia y gravedad de las inundaciones costeras y amplifica los efectos de marejadas y tormentas. Rachel acaba de recordárnoslo a golpes. En Las Islitas, San Blas, se reportaron olas de hasta tres metros, daños en restaurantes, enramadas y caminos, además de agua y lodo en zonas habitadas.
Pero sería demasiado cómodo atribuirlo todo a Rachel. El huracán es el fenómeno. La exposición al fenómeno también es una decisión humana.
Punta Paraíso, en San Pancho, no apareció de la nada frente al mar. Desde 2017 y 2018 habitantes y ambientalistas protestaron contra el desarrollo. En 2018, cerca de mil personas se manifestaron contra el proyecto y denunciaron afectaciones a la playa y a una zona utilizada por tortugas para desovar. La Profepa también documentó procedimientos relacionados con elementos instalados en terrenos ganados al mar.
En 2019, un tribunal federal aceptó un amparo promovido por habitantes de San Pancho contra la manifestación de impacto ambiental del proyecto. La discusión sobre dónde estaba construido Punta Paraíso, qué afectaciones podía provocar y qué autorizaciones tenía no comenzó con Rachel. Llevaba años sobre la mesa.
Durante ese periodo estaban al frente de los gobiernos Enrique Peña Nieto en la Presidencia de México, Roberto Sandoval en el Gobierno de Nayarit y Jaime Cuevas en la presidencia municipal de Bahía de Banderas. Decir que ellos personalmente ignoraron cada advertencia requeriría acreditar qué decisión tomó cada uno y con qué información. Lo documentado es que las controversias, protestas, inspecciones y procedimientos alrededor del proyecto existían desde aquellos años.
Hoy el mar golpea directamente esa infraestructura. Y entonces aparece una pregunta bastante más importante que cualquier discurso ambientalista, ¿el mar se está metiendo demasiado o nosotros pusimos los edificios demasiado cerca?
Probablemente las dos cosas están ocurriendo.
Este año, el tecnólogo Alan Estrada desarrolló Playas Libres IA, una herramienta que cruzó la delimitación oficial de la franja federal marítimo-terrestre con miles de edificaciones de OpenStreetMap en Bahía de Banderas. El análisis identificó 107 construcciones como posibles coincidencias con la franja federal, 61 con mayor coincidencia y 46 con coincidencias parciales.
Hay que ser precisos, 107 no significa 107 invasiones comprobadas. Son casos detectados mediante análisis automatizado que requieren revisión jurídica y técnica. Pero el hallazgo plantea una pregunta que las autoridades deberían responder, ¿cuántas construcciones necesitan ser revisadas y nadie las ha revisado?
La tecnología no determina quién violó la ley ni sustituye una inspección. Puede servir para encontrar dónde mirar. Y en un litoral que está recibiendo miles de millones de dólares en inversión, mirar debería ser una obligación.
En San Blas hay otra pieza de esta historia que suele desaparecer cuando llegan los proyectos inmobiliarios, el manglar. Los manglares funcionan como barrera frente al oleaje y las tormentas, ayudan a contener la erosión, filtran agua, capturan carbono y sirven de refugio para numerosas especies.
En marzo, la Profepa informó que había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por daños ambientales detectados en un humedal del Puerto de San Blas, en la zona conocida como la U de Pescadores. La inspección encontró derribo ilegal de mangle, relleno de humedales con material pétreo y obras inmobiliarias sin autorización ambiental. La dependencia impuso sellos de clausura en las áreas correspondientes.
Meses después, el mar entró con fuerza en Las Islitas.
No hace falta afirmar que Rachel ocurrió por haber derribado manglar. Sería científicamente irresponsable. Pero tampoco podemos ignorar algo básico, cuando eliminamos ecosistemas que funcionan como defensa natural, dejamos a las comunidades más expuestas.
Aquí aparece una razón que debería preocupar incluso a quien no siente ninguna simpatía por el ambientalismo, el turismo.
Nayarit concentra actualmente el 20 por ciento del monto de inversión turística programada en México, con 9 mil 281 millones de dólares distribuidos en 25 proyectos, de acuerdo con la Cartera de Inversión Turística del segundo cuatrimestre de 2026. El estado ya había cerrado 2025 en el primer lugar nacional en inversión turística programada.
El dinero está llegando. Precisamente por eso ya no podemos tratar la protección ambiental como un obstáculo para la inversión.
Un hotel puede reconstruirse. Una carretera puede repararse. Una palapa puede levantarse otra vez. Un manglar destruido tarda mucho más. Una playa erosionada no responde a una orden administrativa. Y un edificio frente al mar no puede moverse cuando cambia la línea costera.
La inversión turística de Nayarit necesita asumir una regla sencilla, si el negocio depende de la playa, la playa forma parte del patrimonio que sostiene ese negocio.
Durante años hemos tratado la costa como si fuera un terreno vacío esperando cemento. Primero llega el proyecto, después los permisos, luego los inversionistas y finalmente las fotografías de inauguración. Mucho tiempo después aparece la pregunta sobre qué ocurre cuando el mar deja de respetar la línea que dibujamos en un plano.
El mar no conoce escrituras, licencias municipales ni límites políticos. Tampoco reconoce el argumento de que una construcción ya costó demasiado dinero como para detenerla.
Por eso lo ocurrido en San Pancho y San Blas debería servir para algo más que producir fotografías espectaculares durante unos días. Hay que revisar las construcciones ubicadas en zonas de riesgo, auditar los permisos ambientales, revisar la franja federal, investigar los casos señalados por herramientas como Playas Libres IA, proteger y recuperar manglares y, sobre todo, dejar de autorizar proyectos pensando únicamente en cuánto dinero pueden atraer.
Nayarit tiene demasiado en juego. La pregunta ya no es si queremos desarrollo turístico. Claro que lo queremos. La pregunta es qué clase de desarrollo estamos dispuestos a permitir.
Porque construir frente al mar puede ser un gran negocio hasta el día en que el mar reclama el espacio que siempre fue suyo.
Y cuando ese día llega, la factura no la paga únicamente el propietario del edificio. La pagan los habitantes, los trabajadores, los restauranteros, los turistas, los gobiernos y todos los que dependemos de una costa que durante décadas tratamos como mercancía.
Esto no es una profecía. Ya está pasando.
