Por Salvador Cosío Gaona
La paz no ha regresado a Perú desde la semana pasada, cuando el entonces presidente Pedro Castillo perpetró un intento de autogolpe de Estado para terminar siendo destituido y detenido.
En un mensaje de madrugada el lunes 12 de diciembre, la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció una declaratoria de estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social” y propuso adelantar las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Interpretando la voluntad de la ciudadanía (…) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a la nación difundido por televisión en los primeros minutos del lunes.
La propuesta implica recortar en dos años su mandato y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato.
Boluarte, quien asumió el mando el miércoles tras un fallido golpe de estado del entonces presidente Pedro Castillo, anunció que declaraba el Estado de emergencia en las zonas del país donde se registran protestas violentas.
Con el mismo sentido patriótico, anunció la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social para recuperar pacíficamente el control del orden interno”, indicó.
La flamante presidenta lamentó la muerte de dos manifestantes en Andahuaylas durante la represión policial.
Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso y detenido por mandato judicial por siete días desde el miércoles 7.
En la ciudad sur andina de Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos personas fallecidas y cinco heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.
A dicha terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, cuna de Boluarte.
El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP.
En la misma ciudad el sábado las protestas dejaron 16 civiles y cuatro policías heridos.
Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.
De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.
En Lima, la policía dispersó la tarde del domingo con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron al frontis del Congreso gritando lemas como “Castillo no estás solo, el pueblo te respalda”, o enseñando pancartas como “Dina y Congreso la misma porquería” ó “Ratas corruptos”.
Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
El Congreso, dominado por la derecha, suspendió una sesión la tarde del domingo donde analizaba la situación tras una trifulca entre dos congresista.
Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.
Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro.
“Hasta ahora la presidenta no ha sido clara en lo que es la gran pregunta: ¿estamos en un gobierno de transición o estamos ante una autoridad que pretende quedarse hasta el 2026?”, dijo a la AFP la analista política Giovanna Peñaflor.
La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.
Mientras tanto, crecía la polémica en torno a la versión de un exjefe de gabinete y del abogado de Castillo de que el expresidente estaba dopado al leer el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.
En una carta que habría redactado en prisión, Castillo sostiene que un médico y enfermeras “camuflados” y una fiscal “sin rostro” (encapuchada) lo “obligaron” a sacarse muestras de sangre el viernes y sábado, pero se negó porque temía por su seguridad.
El presidente del Instituto de Medicina Legal, Francisco Brizuela, precisó que “la pericia (para saber si estaba drogado) no pudo haberse realizado”.
En tanto, en una serie de mensajes compartidos en redes sociales, Pedro Castillo dijo el lunes que no ha renunciado a su cargo de presidente de Perú y rechazó la convocatoria a nuevas elecciones que planteó la presidenta que lo sustituye, Dina Boluarte.
A través de su cuenta de Twitter, Castillo compartió una carta en la que afirma que ha estado “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”, en referencia a la prisión preventiva que pesa en su contra al ser investigado por el delito de “rebelión”.
Pidió a los peruanos no caer en el “juego sucio de nuevas elecciones” que, expuso, es una “estrategia de las fuerzas políticas de derecha peruanas”.
Políticos de su equipo de gobierno y la mayoría de los congresistas calificaron el decreto como una ruptura del orden constitucional.
Desde su mensaje a la nación el 7 de diciembre, Castillo no había hecho pronunciamientos públicos.
En la carta publicada en Twitter y fechada este 12 de diciembre, dijo que se dirigía al pueblo peruano “para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente”.
“No renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”, añadió.
Además de señalar que está “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado” por la prisión preventiva en su contra, rechazó la propuesta que hizo Boluarte este lunes para que el Congreso apruebe la convocatoria a elecciones generales en 2024.
Sin nombrar a la vicepresidenta, dijo: “Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones”.
Exigió su libertad inmediata y reiteró la propuesta que hizo el 7 de diciembre para una votación que conforme una asamblea que redacte una nueva Constitución.
El lunes, la fiscal nacional Liz Patricia Benavides presentó una denuncia contra Castillo por “rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad pública”, lo que abre un proceso judicial en contra del exmandatario.
De manera que no solo no regresa la calma al país, sino que las protestas se han recrudecido y lamentablemente ya se registran muertes a causa de este conflicto que al parecer todavía le quedan muchas páginas por escribir.
Opinión.salcosga@hotmail.com
@sslvadorcosio1
…