Un cuento que no es cuento: Crónica de un trámite con rasgos surrealistas

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Por José Luis Olimón Nolasco

José, convencido que en su misión en la administración pública había dado ya de sí lo que podía dar y contando ya con la edad y la antigüedad requeridas al efecto, presentó su solicitud de pensión por edad y antigüedad en las instancias correspondientes, sin dejar de tener en cuenta la crisis financiera por la que atravesaba el gobierno estatal a cuyo fondo de pensiones contribuyó religiosamente a lo largo de más de quince años, no obstante que la institución al servicio de la cual había laborado tenía carácter autónomo y teniendo conocimiento de las dificultades por las que solían transitar quienes habían realizado trámites semejantes, muchos de ellos contando con el apoyo de sus sindicatos, algo que, por un singular estatus laboral como trabajadores de confianza con la consiguiente imposibilidad de contar con organización laboral alguna.

Aún así, con un gobierno estatal con dos años por delante todavía, confió que sería tiempo suficiente para que el trámite llegara a buen fin, sobre todo, al contar con el apoyo de alguien cercano al titular del ejecutivo…

Pasaron los días, las semanas, los meses, los dos años que restaban al gobierno en el poder y no llegó el buen fin esperado, según se le dijo porque su caso, en los días finales del cuatrienio, había quedado pendiente y que en la administración entrante se resolvería.

Al enterarse de la promesa de un alto funcionario de la nueva administración de resolver, a la brevedad, los trámites de pensiones de la institución en la que laboraba, se reanimó su esperanza y, siguiendo un consejo que se le dio, ante la no respuesta a su solicitud pidió, mediante oficio, la certificación de que la Resolución Afirmativa Ficta había operado, sin que, a la fecha, haya recibido respuesta alguna.

Motivado por esa promesa y decidido a optar por llevar adelante la solicitud de pensión antes que buscar la compatibilidad horaria exigida por la ley en materia de remuneraciones apenas aprobada, buscó el poco menos que imprescindible apoyo en autoridades de la nueva administración con el propósito de desatorar su trámite, lo cual no solo obtuvo sino que hizo que, como por arte de magia, en no más de dos semanas en que el trámite empezó a correr, no sin antes reconocer que, al parecer, su caso era el único que había quedado pendiente y argumentando que esa situación podía haberse debido a que no se hubiera cumplido con los requisitos necesarios, o que, quizás, le habían buscado y no le habían podido encontrar…

En menos que canta un gallo, se solicitó a la institución autónoma en que había laborado, su expediente —el primer paso formal para la resolución del trámite— y, apenas unos días después se le informó que su asunto estaba resuelto.

Sin salir de su asombro, acudió a las oficinas de pensiones, donde le fue entregado un oficio con fecha del 22 de febrero de 2022 —firmado y sellado— en el que se le notificaba que el Comité de Vigilancia había emitido un dictamen a favor de un grupo de trabajadores entre los que estaba incluido, por lo que se le concedía la pensión que entraría en vigor a partir del 01 de marzo de 2022.

Junto con el oficio, se le hizo entrega de los pasos siguientes, los primero de los cuales consistían en abrir una cuenta para pago de nómina en un banco determinado y entregarla a más tardar el 10 de marzo, pasos que realizó en tiempo y forma.

Y, de nuevo, pasaron los días, las semanas, el mes de marzo, sin que la cuenta reflejara depósito alguno, por lo cual se hizo presente en las oficinas de pensiones para preguntar qué había pasado y, después de unos minutos en que el funcionario que le atendió buscó la información correspondiente, se le informó que su caso había quedado pendiente.

Todavía con la esperanza de que esa situación se pudiera solucionar de manera pacífica, se presentó de nuevo ante los funcionarios que le habían apoyado para desatorar el asunto y para, aparentemente, llevarle a buen puerto. Con la amabilidad de siempre, le atendieron y le prometieron hacer lo que estuviera en sus manos para deshacer el entuerto, pero al parecer y a pesar del alto nivel de los apoyos, toparon con pared.

Al acudir de nuevo a la oficina de pensiones se le notificó —de palabra— que su pensión no había sido aceptada —algo que ese mismo día le confirmó la directora de administración de la institución en que había laborado— y que solo le quedaban dos caminos: obtener una instrucción del gobernador o un amparo [precisamente, una herramienta a la que no había querido recurrir por haber confiado —ingenuamente tal vez— en la posibilidad de solucionar los asuntos por las vías establecidas en la ley y con autoridades que actúan conforme al principio de legalidad y que no recurren a la dilación procesal, vulgarmente conocida como tortura burocrática].

En ese contexto, se le abrió aún una leve luz de esperanza: en esos días se reuniría de nuevo el Comité de Vigilancia y, quizás, se abordaría —y eventualmente se solucionaría— su caso.

Y, de nuevo, pasaron los días y la única opción que parece que le queda abierta, es el amparo, un recurso que, según algún servidor público del área dijo, se lleva varios meses, aunque, según palabras del alto funcionario que le ha venido apoyando, seguramente lo ganaría.

Así las cosas, con este cuento que aquí les cuento y que no es cuento chino, sino la crónica del trámite con rasgos surrealistas que he vivido a lo largo ya de 31 meses y que es la experiencia traumática de muchos y muchas y un “modus operandi” constante y transexenal, presente en los gobiernos tricolores, azules, multicolores y guindas.

Posdata a mis compañeros y compañeras de la CDDH-Nayarit: es necesario y urgente modificar su estatus laboral y, si solicitaste pensión: ¡Ampárate ya!

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