Por Salvador Cosío Gaona
No ha pasado ni una semana desde su toma de posesión para que Luiz Inácio da Silva, en su nuevo papel de presidente, aunque en su tercer mandato, se haya visto desbordado por los acontecimientos. Desde las contradictorias declaraciones de algunos de sus ministros, como el de Economía, hasta las repercusiones en los mercados financieros, esta primera semana de investidura ha sido un torbellino de emociones y reacciones.
Que las turbulencias sacudirían esta semana el arranque del gobierno ya quedó claro en el primer discurso de Lula ante el Congreso durante la ceremonia de investidura. “El techo de gasto es una estupidez”, había atronado, y luego sacó a relucir la historia de la supuesta “destrucción de las empresas estatales y los bancos públicos” por parte de Bolsonaro sólo para justificar su proyecto político de impedir la prevista privatización de ocho empresas estatales. Entre ellas, la petrolera nacional Petrobras que entre 2019 y 2022 había inyectado en las arcas del gobierno, su principal accionista, 447 mil millones de reales, es decir 82,000 millones de dólares.
En esta primera semana, en fin, ya parece mostrarse a grandes rasgos el programa de gobierno que Lula en la campaña electoral se había negado a detallar, especialmente en la parte económica, pidiendo a sus electores un acto de fe. “La garantía soy yo”, había dicho en repetidas ocasiones. Hasta ahora, sin embargo, como señala un editorial del diario Estado de São Paulo, entre sus recientes declaraciones y las de algunos de sus ministros emerge el hecho de que se están desempolvando anticuadas ideas del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula sobre la economía que en el último mandato de Dilma Rousseff (2014-2016) vieron su fracaso, sumiendo al país en una terrible recesión que llevó al impeachment en 2016 de la propia presidenta. Se trata de una mayor intervención del Estado en la economía, una alteración de las reformas que habían funcionado, como la reforma laboral, un desprecio del techo de gasto con la promesa de un nuevo mecanismo fiscal todavía indefinido, y políticas contra la inflación poco claras.
Tanto el ministro de Economía, Fernando Haddad, como el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, afirmaron en sus primeras declaraciones “que Brasil vive una situación anómala” en relación con la tasa de interés decidido por el Banco Central y que “intereses elevados no son buenos para nadie”. Estas declaraciones podrían anticipar, según los analistas, tensiones con el Banco Central, que se independizó en 2019 y está presidido por Roberto Campos Neto, respetado internacionalmente por subir la tasa de interés entre los primeros del mundo, lo que permitió a Brasil tener en el último año una inflación más baja que la de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Quizá bajo esas circunstancias, cientos de seguidores del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo el predio del Congreso Nacional en una manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos de los manifestantes ingresaron a la sede legislativa. Después, avanzaron hasta la “Praça dos Três Poderes”, donde se produjo un enfrentamiento con agentes de seguridad, y se dirigieron al Palacio de Planalto, y forzaron el acceso a una parte del complejo en una de cuyas ventanas colgaron una bandera brasileña.
Luego se dirigieron al Supremo Tribunal Federal, llegando hasta una zona de seguridad. Las impactantes imágenes muestran una marea humana ocupando el techo de los edificios, pero también los jardines adyacentes.
Los extremistas, en su mayoría luciendo camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso. También destruyeron barreras de protección y, armados con palos, enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, a los manifestantes. Los partidarios de Bolsonaro se habían concentrado frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasilia, cuando la marcha hasta la Explanada de los Ministerios derivó en incidentes.
Lula, que asumió la Presidencia de Brasil el pasado 1 de enero, se encuentra este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo. Los campamentos de los bolsonaristas radicalizados, que desconocen el triunfo electoral de Lula y la derrota de su referente, y se habían multiplicado en ciudades de todo el país, habían comenzado a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios. Ante los incidentes en Brasilia, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó que “no prevalecerá” la voluntad de los bolsonaristas radicales que han invadido las sedes del Ejecutivo, del Legislativo y del Tribunal Supremo. En un mensaje de Twitter sostuvo que “va a haber refuerzos” policiales y que las fuerzas disponibles “están actuando”.
“Este intento absurdo de imponer la voluntad por la fuerza no va a prevalecer. El Gobierno del Distrito Federal (de Brasilia) afirma que habrá refuerzos. Y las fuerzas de las que disponemos están actuando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia”, dijo Dino.
El presidente del Senado y del Congreso, Rodrigo Pacheco, dijo en Twitter que habló por teléfono con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre la situación. Rocha le habría informado que está concentrando “los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación”.
“En acción, están comprometidas las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, además de la Policía Legislativa del Congreso. Repudio con vehemencia estos actos antidemocráticos, que deben sufrir con urgencia el rigor de la ley”, dijo Pacheco.
El diputado bolsonarista Ricardo Barros condenó la invasión de los edificios de los tres poderes: “Es inaceptable que las manifestaciones se hayan descontrolado. Preocupante confrontación”, escribió. El Ministerio Público Federal brasileño anunció la apertura de una investigación penal por los “actos violentos” en las manifestaciones que han derivado en la ocupación de las sedes públicas. “El fiscal general de la República, Augusto Aras, supervisa y acompaña con preocupación los actos de vandalismo contra edificios públicos que han ocurrido en Brasilia este domingo”, informó en un comunicado.
Aras “mantiene contacto permanente con las autoridades y ha adoptado las iniciativas que competen a esta institución para impedir la secuencia de actos de violencia”, agrega el texto.
Así, menciona por ejemplo una petición a la Fiscalía de la República en el Distrito Federal para la “apertura inmediata de procedimiento de investigación criminal”.
Así las cosas, en el país sudamericano que se convulsa entre polarizaciones de izquierda y derecha, bajo el riesgo de terminar como Venezuela y Argentina, quienes no terminan de superar los conflictos internos entre partidos, olvidándose de lo más importante, los ciudadanos.
@salvadorcosio1
