Volantín | A detener el Plan B de AMLO (Segunda parte)

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Por Salvador Cosío Gaona

Como ya se daba cuenta en la primera entrega de este serial, de manera inusual y hasta sorpresiva, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, lanzó lo que podría considerarse ‘un grito desesperado’, con el fin de detener el nuevo intento de Palacio Nacional, que tiene por objeto destruir la democracia en el país.

De hecho, alentó a que los ciudadanos interesados presenten “todos los recursos legales que estén a su alcance para detener el plan B de la reforma electoral y defender la democracia”.

 También se abordaron en la primera parte, algunos extractos de el Informe que se presentó en 25 de enero durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, en relación con la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma por los cuales se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 Y a continuación comparto otros aspectos relevantes del Informe, particularmente en el apartado donde se subrayen los riesgos de las reformas pretendidas en el Plan B del presidente de la República: 

 En términos generales, como se ha constatado a lo largo del presente informe, los dos decretos de reformas (el que ya se publicó y entró en vigor, así como el que está pendiente de concluir con su proceso legislativo) tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país, pues afectarán aspectos sustanciales para la organización de los comicios, así como también las condiciones de la competencia electoral.

El adelgazamiento de la estructura, así como el recorte o reconfiguración de procedimientos que no responden a criterios técnicos, sino de oportunidad política, conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales que, hasta ahora, han permitido procesos electorales cuyos resultados han facilitado la alternancia de gobernantes y proporcionada legitimidad a quienes resultan electos. Por estas razones, entre otras, la reforma produciría un efecto regresivo incompatible con el principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, conforme los criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 El INE nunca ha excedido sus atribuciones constitucionales. De hecho, en caso de estimarse que ello ocurre, existe el TEPJF para revisar su constitucionalidad y legalidad. A manera de ejemplo, el INE para garantizar la funcionalidad del sistema electoral expidió un Reglamento de Elecciones para asegurar el correcto desarrollo y organización de los procesos electorales, que incluye aspectos que no están enumerados o comprendidos en las materias que ahora limita la reforma.

 En efecto, el ejercicio de la facultad reglamentaria del Instituto ha permitido garantizar un correcto ejercicio de atribuciones constitucionales y legales. Ante vacíos legislativos o con el objetivo de perfeccionar la norma, la institución ha adoptado acuerdos, reglamentos o lineamientos. Como ocurre con todas las decisiones que emite el CG del INE, el Instituto ha aprobado dichos acuerdos bajo la premisa de que las inconformidades de los partidos políticos serán resueltas por el TEPJF, lo que a la postre generará criterios firmes que doten de certeza a los procesos.

 De hecho, en distintas impugnaciones realizadas ante el TEPJF, dicho órgano jurisdiccional ha sostenido que el INE, como organismo público autónomo que ejerce la función electoral, cuenta con la atribución de aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y demás disposiciones para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones previstas en la Constitución, y la Ley Electoral. En otras palabras, se le ha reconocido a la autoridad electoral la posibilidad de ejercer su facultad reglamentaria.

 Por otra parte, el INE ha aprobado una serie de cuerpos normativos de carácter administrativo que rigen al interior y que permiten la funcionalidad de las áreas. Con la reforma se le pretende sujetar a normas administrativas y presupuestarias que regulan a la Administración Pública Federal, cuyas autoridades encargadas de su vigilancia e interpretación son las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público. Esto es, el Gobierno Federal.

 Sujetar al INE a normas administrativas y presupuestarias que regulan al Ejecutivo Federal, cuyas autoridades encargadas de su vigilancia e interpretación son las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público, u obligar la instalación de módulos en edificios de gobiernos federales, estatales y municipales, vulnera la autonomía constitucional y la independencia que el órgano electoral debe tener con respecto a los actores políticos –incluidos gobiernos emanados de las elecciones que el propio INE organiza–, con el riesgo de generar inamovilidad institucional.

 De igual manera, obligar a que los recursos no ejercidos sean forzosamente reintegrados a la TESOFE generan inmovilidad presupuestaria y financiera, para atender necesidades institucionales sobrevinientes y contingencias; por tanto, genera ineficacia organizacional y, por ende, limitaciones a la autonomía de funcionamiento. Por ejemplo, las erogaciones que se requieren para la celebración de elecciones extraordinarias sean derivadas de nulidades o de vacancias en los órganos legislativos, se cubren con reasignaciones y ahorros presupuestarios.

Lo anterior hace evidente la vulneración a la autonomía constitucional del INE y la independencia que el órgano electoral debe tener con respecto a los actores políticos, con el riesgo de generar ineficacia institucional.

Con independencia del tema salarial, la propuesta predetermina, en contravención el artículo 127 de la CPEUM y a la respectiva ley reglamentaria, la imposibilidad de considerar al personal del servicio profesional electoral como especializado, lo que atenta contra lo señalado el artículo 41 de la Constitución, que establece las características de la función que desempeñan las y los trabajadores del INE y califica de trabajo profesional y especializado la función electoral.

 Lo anterior vulnera un principio del servicio de carrera, además de que hace evidente que la reforma es privativa y personalizada (no general, abstracta e impersonal). Otro ejemplo de ello, es el artículo transitorio décimo séptimo que cesa en sus funciones al actual Secretario Ejecutivo, con lo cual se invade la facultad del CG de nombrarlo, pues la ley solo puede establecer los requisitos y forma de nombramiento, pero no predeterminar quién puede o no ser nombrado, en contraste con el vigésimo primero, que ratifica al actual titular del Órgano Interno de Control, a quien además se le dotan de facultades inherentes a la administración de recursos y no propios de la fiscalización de los mismos.

 Finalmente, es importante señalar que la implementación de la reforma, por su trascendencia, requiere necesariamente de reglas claras para ello. Una revisión de los artículos transitorios evidencia falta de claridad y certeza en todas las etapas de ésta. En particular, resulta incompatible la organización de los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, bajo las reglas de la actual legislación, a la par de una reestructuración orgánica y normativa del Instituto, que según los artículos transitorios debe llevarse a cabo entre enero y agosto”.

Está bastante claro entonces el objetivo de Palacio de Gobierno, que no es otro que destruir, acotar,  dañar, atar de manos, y limitar en todo cuanto sea posible el buen funcionamiento y desempeño del árbitro electoral. Es a lo que le teme el INE. 

 El llamado de Lorenzo Córdova es directo y oportuno. Durante la presentación de su libro «La democracia no se toca», que escribió con el consejero Ciro Murayama, insistió en que los cambios legales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena “dinamitan las elecciones”, por lo que sentenció que todos los ciudadanos somos responsables “de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de consolidar nuestra democracia”.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1

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