Por Julio Casillas Bajaras
POR EL INGENIO PUGUEÑO
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero agradeció ayer, la visita a Nayarit del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien vino como como emisario del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para tratar la difícil cuestión del ingenio de Puga. Señaló que el compromiso que se tiene, desde los órdenes estatales y federales, es el de atender a los trabajadores de manera solidaria y de mediar en lo posible en este conflicto entre particulares. “No olvido, ni olvidaré, mi origen, mi honor y mi compromiso de que el campo de Nayarit vuelva a florecer”, puntualizó el mandatario estatal.
Por cierto, mucho se ha comentado sobre las maniobras truculentas de los dueños del ingenio que mantienen en la zozobra a los obreros y productores, de hecho a todas las familias, por el manejo poco transparente de la empresa. Ojalá que, como en las novelas, todo tenga un final feliz y prevalezcan los buenos acuerdos para que la factoría siga con vida y sus dependientes contentos y con la garantía de estabilidad social. Las gestiones del Ejecutivo Estatal deben alcanzar los resultados esperados.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En Nayarit debe seguir firme y avante la lucha contra la corrupción. Así se entiende por la información que nos llega sobre el proceso de socialización que se hizo a las autoridades judiciales sobre el funcionamiento del sistema de plataforma digital local para presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia e integrantes del Consejo de la Judicatura -que preside la magistrada Rocío Esther González García-, sostuvieron una reunión informativa con los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción (Seslan), Salvador Cabrera Cornejo y José Ramón Ramírez González, respectivamente, sobre la incorporación del Poder Judicial al Sistema 1 de la plataforma digital local, relativo a las declaraciones de evolución patrimonial, patrimonial o de intereses que por ley y según sea el caso, las y los servidores públicos deben presentar durante mayo. Los titulares de la ASEN y el Seslan dieron a conocer que se brindará la capacitación necesaria al personal judicial para el empleo del sistema y facilitar el cumplimiento de la mencionada obligación de transparencia y rendición de cuentas. Magistradas, Magistrados y Consejeros mostraron su disposición de presentar en tiempo y forma su declaración, de conformidad con la ley de la materia y como lo han hecho en los ejercicios anteriores.
CORRUPTOS EN LA MIRA
Por cierto, pese al esfuerzo institucional existente, México continúa enfrentando deficiencias legales en su lucha contra la corrupción, según el segundo informe presentado por la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITACDigital) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. A pesar de las 27 mil 870 denuncias presentadas ante las 33 Fiscalías Anticorrupción del país, solo 243 terminaron en sentencias condenatorias, lo que representa tan solo el .008% del total de denuncias, se destaca. Se describe falta de colaboración de algunas Fiscalías Estatales contra la Corrupción con la sociedad civil y la academia en la búsqueda de alternativas mejores para combatir, prevenir y sancionar la corrupción. Los datos revelan que solo 2,423 carpetas fueron resueltas en un sentido que favorece el combate a la corrupción a través de la judicialización, criterio de oportunidad, medios alternativos de solución de controversias, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado o reparación del daño, mientras que 10,807 carpetas resultaron en un sentido que no abona en combatir la corrupción. Por si usted no lo sabía, al país la corrupción le cuesta al país 347 millones de pesos, una cifra que equivale entre 5 y puntos del Producto Interno Bruto anual, y solo el 0.19% de las denuncias presentadas a nivel nacional lograron obtener una sentencia condenatoria; además, 7 de las 33 fiscalías han conseguido sentencias condenatorias ejecutadas, dando un total de 34 casos, mientras que 17,873 denuncias por delitos por hechos de corrupción permanecen impunes.
VACÍOS LEGALES Y POCAS SANCIONES
Los expertos proponen la eliminación de vacíos legales y sanciones, la homologación de todas las Fiscalías Anticorrupción del país, mayor independencia, capacitación del talento humano, la creación de un Servicio Profesional de Carrera Anticorrupción y la preparación de fiscales en materia procesal, apelación y amparo para evitar que las sentencias condenatorias se evadan de la ejecución. En términos generales, el informe de la ITACDigital muestra la urgencia de tomar medidas para combatir la corrupción en México y la necesidad de fortalecer las fiscalías y el sistema judicial para garantizar que los delitos por corrupción no queden impunes.
VEREMOS Y DIREMOS.