De acuerdo con el último censo que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nayarit realizó para verificar el número de indígenas que se encontraban presos en el Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, son 170 los privados de su libertad.
Sobre el tema, el propio ombudsman nayarita, Maximino Muñoz de la Cruz, comentó que en la mayoría de los casos, los presos indígenas son acusados del delito del homicidio que es calificado como grave y por tal motivo, los responsables de cometer este tipo de agresiones no reciben ningún tipo de beneficio por parte del gobierno del estado.
Dijo además que Del Nayar es el municipio que registra el mayor índice de homicidios y la sentencia mínima para quienes terminan con la vida de otro ser humano es de 20 años de cárcel, por tal motivo, reiteró, que para ellos no hay ningún tipo de beneficio.
Comentó que una de las principales causas por las que se cometen asesinatos en el municipio de Del Nayar, es porque en ocasiones las autoridades no atienden con prontitud las denuncias que presentan los indígenas y éstos al ver que no se hace justicia, toman la justicia por su propia mano: “Porque muchas veces ellos van y denuncian y al ver que no hay una acción de las autoridades, del Ministerio Público o de las policías, es cuando ellos deciden tomar justicia por su propia mano”.
Muñoz de la Cruz consideró que todos los pueblos indígenas deberían de tener acceso a una justicia pronta y expedita, con estas acciones se podrían evitar más asesinatos en los municipios serranos. Cuando el indígena ofendido se siente ignorado por las autoridades decide hacer justicia por su propia mano.
