Por Ernesto Acero C.

El estado de Nayarit se encuentra en un excelente momento en materia de seguridad pública. Los nayaritas se sienten seguros en su vida cotidiana. El dato es relevante y se vincula muy estrechamente con las decisiones tomadas por el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El mandatario ha actuado con el mayor sentido de responsabilidad en esa materia. En un contexto electoral, la seguridad pública sin duda es variable decisiva. Creo que puede asegurarse que en Nayarit el proceso electoral está blindado.

Los procesos electorales son catalizadores de intereses diversos. Esos intereses suelen manifestarse de diversas maneras. Uno de esos intereses (ocultos o abiertos) vincula la materia de la seguridad pública con la actividad criminal y las elecciones. Es relevante el análisis del expediente relativo, dado que se suele afirmar que el crimen organizado podría estar presente en el plano político.

Según lo comparte Sergio Aguayo*, el ex secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo habría confesado que ese organismo debió negociar con el crimen organizado, para asegurar la instalación de casillas electorales en una tercera parte del territorio nacional. No es poca cosa hablar en tales términos, pues es una institución nacional la que estaría negociando con el crimen organizado para realizar sus tareas. Creo que una afirmación de esas dimensiones debe ser investigada para no ampliar más las dudas acerca de la confianza que se puede depositar en el organismo electoral que es el eje de todo el sistema comicial del país.

Lo que ocurre en el país en cuanto a la influencia del crimen organizado en los procesos electorales puede ser descrito en múltiples matices. Para el caso de Nayarit, se puede asegurar que esa fuerza real no se ha visto involucrada en el proceso electoral concurrente ya en curso. No solamente no existen indicios, sino que esa es la percepción del ciudadano en general.

¿En qué consiste el blindaje del proceso electoral en Nayarit? Son al menos tres dimensiones fundamentalísimas las que integran esa especie de coraza que garantiza que la voluntad ciudadana se vea reflejada en las urnas de manera fiel.

Primero que todo, se trata de la seguridad personal de los candidatos. No solamente de quienes aspiran a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, sino a quienes aspiran a gobernar entidades federativas, a candidatos al Senado y a las diputaciones locales y federales, a todos.

En la esfera nacional, la responsabilidad no es cualquier cosa, pues estamos hablando de más de 20 mil puestos de elección popular los que están en juego. Eso significa que es necesario asegurar la integridad de más de 60 o 70 mil personas que competirán por los cargos en disputa. En el ámbito local, se debe recordar que son más de 200 cargos que serán sometidos a elección popular.

En el estado de Nayarit existen condiciones favorables para el debate, para la deliberación y para que prevalezca la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. En Nayarit existen condiciones altamente favorables para que el proceso electoral transite en paz y con tranquilidad.

Me parece que la presencia del crimen organizado solamente puede manifestarse en el proceso electoral en regiones claramente delimitadas. El estado de Nayarit no se encuentra bajo la férula de ninguna organización criminal, o al menos esa es la percepción general.

El otro tema en el escenario comicial se vincula parcialmente con la primera cuestión. Se trata del financiamiento de siglas y candidatos. Las campañas electorales se financian con recursos públicos o privados. Ese financiamiento no tiende al infinito, sino a topes definidos previamente por la autoridad electoral. De la misma manera, el financiamiento de la actividad político electoral está sujeta a la fiscalización de las autoridades, en cuanto a su origen y al destino de esos recursos financieros.

La presencia de dinero proveniente del crimen organizado, “dinero sucio”, tiene consecuencias diversas. El dinero sucio en los procesos electorales puede ser aplicado para comprar votos, según se asegura y puede comprometer a los candidatos o a las diversas siglas. El dinero de origen ilícito también podía ser destinado para comprar candidaturas.

La autoridad administrativa en materia electoral, el INE, no ha logrado comprobar hasta el momento, la irrupción de dinero de origen criminal en los procesos electorales. Ha verificado dinero de origen ilícito, eso sí. Datos oficiales revelan qué en cuatro años, de 2016 a 2017 (inclusive), el INE comprobó la presencia en siglas y campañas de más de mil millones de pesos. Esos más de mil millones de pesos no fueron reportados ni por las siglas ni por los partidos.

El financiamiento ilegal ya ha sido comprobado. En 2000, un grupo denominado “Amigos de Fox” prácticamente compró la Presidencia de la República. En 2006, es posible que la campaña de Felipe Calderón haya sido beneficiada con dinero del crimen organizado dada la presencia de Genaro García Luna; también puede ser que el PAN o su candidato, haya sido beneficiado con dinero de la plutocracia. Existen indicios. En 2012, el PRI se benefició con dinero ilegal, lo que salió a relucir en el Caso Monex.

El financiamiento ilegal compromete a los candidatos y luego a los gobiernos. Los que destinen fuertes cantidades de dinero buscan impunidad o hacer negocios con el gobierno. No hay fiesta gratis.

En tercer lugar, la inseguridad pública se ha convertido en instrumento de molienda. De lo que se trata es de moler a tablazos mediáticos a los contrincantes, privilegiando en su discurso el tema de la inseguridad. Con los resultados visibles que ofrece el gobierno de Nayarit en cuanto a la seguridad pública, no hay margen de maniobra para hacer de la seguridad pública tema electoral.

Recientemente, aunque como siempre, el tema de la inseguridad y de la presencia del crimen organizado, fue utilizado como ariete contra los muros del lopez-obradorismo. Desde el exterior, en un medio estadounidense, se cuestionó sobre la posibilidad de que la campaña Andrés Manuel López Obrador haya sido beneficiada con recursos provenientes del narcotráfico.

La ridícula interrogante lleva la intención de hacer daño a la figura presidencia de México y a la candidata presidencial de la alianza que preside Morena, Claudia Sheinbaum. La pregunta es en extremo una imbecilidad, pues el encargado de combatir a las mafias, era el jefe de las mafias y el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón. La pregunta es perversa tanto como lo es estúpida.

Sin duda no debe descartarse la posibilidad de que el crimen organizado esté presente de varias formas en el proceso electoral concurrente que vivimos. No obstante, es evidente que Nayarit no es territorio para la actividad criminal: así lo perciben los nayaritas. En el estado está asegurada la civilidad del proceso electoral. No obstante, de ninguna manera procede cruzarse de brazos. Ni los pendejos ni los malvados descansan.

* Ver “Primer Plano” (Canal Once, lunes 29 de enero de 2024): https://www.youtube.com/watch?v=6YKW5qC4s8g.

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