A unos meses de cumplir la primera etapa de su carrera como funcionaria pública, en el desempeño de la exatleta olímpica, Ana Gabriela Guevara, destacan la velocidad de sus palabras hacia atletas en activo, inconformes con sus decisiones, y una serie de acusaciones de presuntos actos de corrupción.
Los señalamientos sobre su tarea como directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), corren en tres pistas: una serie de denuncias de atletas a quienes se les retiraron apoyos económicos; expedientes abiertos sobre presuntos actos de corrupción y su reiterada negativa a regresar a la tribuna del Congreso de la Unión a rendir cuentas.
Desencuentros con atletas
Durante los últimos meses, más de 30 atletas de disciplinas acuáticas han promovido juicios de amparo con el objetivo de recuperar los apoyos económicos de la Conade para competir, luego de que esa institución decidió suspendérselos.
La funcionaria ha explicado reiteradamente que esa dependencia federal no daría recursos a los atletas que sean inscritos en competencias internacionales por el llamado Comité Estabilizador, un organismo emergente creado por la World Aquatics, luego de que esa instancia desconoció, a inicios de 2022, a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación por estar acusado de peculado, pero, al menos hasta hace algunos meses, seguía siendo reconocido por la Conade, al no haber sido sentenciado por una autoridad judicial.
Durante lo que va del mes en curso, diversos jueces han otorgado el amparo a varios atletas para que se les vuelva a otorgar los apoyos económicos para que puedan competir. Entre ellos destacan los de los siguientes deportistas:
Alejandra Orozco; Kevin Berlín; Equipo de nado sincronizado; Carolina Mendoza; Jahir Ángel Ocampo Marroquín y Sergio Guzmán Ruvalcaba.
El 2 de abril de 2024, un ciudadano solicitó vía Plataforma Nacional de Transparencia información a la Conade, sobre cuántos juicios de amparo le han sido notificados desde enero de 2012, en los cuales la parte quejosa haya sido un deportista o exdeportista beneficiado con algún tipo de estímulo económico y/o reconocimiento económico vitalicio, conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
La Conade respondió que “no se localizó registro de información en los términos requeridos por el peticionario”.
A diciembre de 2019, en su informe de actividades y resultados, esa institución reportó 99 juicios civiles en activo, de los cuales 56 se encontraban en ejecución de sentencia.
Además, había cuatro averiguaciones previas del fuero federal, iniciadas por particulares, de las cuales el Ministerio Público hizo del conocimiento a la Conade para que se apersonara y manifestara si existía algún agravio en su contra por los hechos denunciados.
Al cierre de 2021, la Conade registró 135 juicios en materia civil y administrativa y 41 juicios de amparo.
El reporte de actividades de 2023, hecho público, solo disponible en video, no contiene información al respecto.
Denuncias de presuntos actos de corrupción
Por otra parte, la ex velocista estaría relacionada al menos con cuatro carpetas de investigación que se mantienen abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR), sobre hechos de corrupción.
La primera tiene que ver con una denuncia presentada a raíz de irregularidades detectadas tanto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre el ejercicio fiscal 2019.
En el informe de Fiscalización de la Función Pública de ese año de la ASF, se da cuenta que se practicaron siete auditorías a la Conade, en las que se determinaron 22 observaciones, de las cuales seis se encontraban pendientes al momento de realizar el mencionado documento.
Destaca la auditoría realizada al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, en la que se determinaron seis observaciones, en las que se detectó de manera general, desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la Conade, designación de entrenadores deportivos, así como las comprobaciones irregulares de recursos otorgados a Entrenadores y Federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del Fideicomiso, las cuales suman un monto superior a los 50.8 millones de pesos.
Las auditorías realizadas refieren que la Conade adjudicó de forma directa servicios sin fundar y motivar los procesos; no realizó la supervisión, control y verificación de los servicios contratados; realizó pagos sin contar con la documentación que los justificara y emitió documentación firmada por servidores públicos que no contaban con las facultades y atribuciones para ello.
Concretamente, reporta que laComisión pagó 57.9 millones de pesos sin presentar la documentación justificada y comprobatoria que acreditara la prestación del servicio y pagó 100.8 millones de pesos de los cuales no presentó la totalidad de la documentación de soporte.
Según información del periodista, Arturo Ángel, difundida en W Radio, la segunda carpeta de investigación abierta se inició en agosto de 2023, cuando la ASF denunció ante la FGR que no se habían solventado las observaciones hechas desde 2020.
En febrero pasado diversos medios de comunicación dieron cuenta sobre al menos otras dos denuncias que derivaron en igual número de carpetas de investigación presentadas por la ASF en contra de la exvelocista, esta vez por un probable quebranto de alrededor de 280 millones de pesos.
De la cuenta pública de 2020 la ASF realizó tres auditorías a la Conade: 141-DS Gestión Financiera de la CONADE; 142-DS Gestión Financiera del FODEPAR y 143-DS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
De la 141-DS Gestión Financiera de la CONADE, se determinaron 74 millones 390,487.05 pesos pendientes por aclarar.
Concretamente la auditoría encontró que adjudicó de forma directa la contratación de servicios y la adquisición de bienes, sin motivar las circunstancias pertinentes en el caso concreto, ni justificó las razones en las que se sustentó el ejercicio de la adjudicación de forma directa; no acreditó que, previo al inicio de los procedimientos de contratación, efectuaran investigaciones de mercado de las cuales se desprendieran las condiciones que imperan en el mismo, respecto de los bienes o servicios contratados, a efecto de buscar y asegurar las mejores condiciones para el Estado; presentó documentación a efecto de sustentar dos procedimientos de contratación por adjudicación directa, de los cuales se constató, que no fueron emitidos por la persona que la Conade reportó, toda vez que la misma, desconoció dichos documentos y negó haberlos firmado.
De la auditoría 142-DS Gestión Financiera del Fodepar, los principales resultados fueron: falta de información y documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos públicos federales del Fodepar de los “Apoyos económicos diversos” y “Apoyo al Deporte Nacional”, asignados a las federaciones, deportistas y entrenadores, por 30,458.5 miles de pesos; además, la Conade y el Banjercito no acreditaron el reintegro de recursos públicos federales no ejercidos a la Tesorería de la Federación por 67,034.2 miles de pesos. El monto por aclarar es de 97 millones 492,648.86 pesos.
*con información de El Economista
@salvadorcosio1
