Con la aprobación del dictamen de la reforma constitucional, la cual busca eliminar siete organismos autónomos bajo el argumento de que son onerosos y al eliminarlos el gobierno federal se ahorraría recursos, cabe preguntarse si la iniciativa oficialista no implica riesgos políticos, económicos y sociales. Entre las sociedades que se planean suprimir se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), entre otros.
La definición de órgano autónomo indica que son “aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado”. Su definición indica también que “actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional”.
En este sentido, la desaparición de estos órganos puede concentrar las decisiones públicas en el titular del Poder Ejecutivo sin ninguna interferencia. Aquí es de donde parte la preocupación por la desaparición de este tipo de organizaciones, ya que los órganos autónomos se encargan de diferentes tareas y cumplen con objetivos específicos.
Al contrario de lo que podría pensarse, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) asegura que los órganos autónomos funcionan para fortalecer las estructuras del Gobierno en función de hacer frente a necesidades sociales y atender aspectos técnicos específicos. Por lo tanto, su desaparición podría recaer en la concentración de poder por parte del Ejecutivo como también en la competitividad del país, reduciendo la inversión extranjera directa en detrimento de la economía. Además, complicaría la revisión del T-MEC y los acuerdos internacionales.
El IMEF cita en un comunicado a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos tratados internacionales celebrados y ratificados por México. Estos mismos “garantizan la libre competencia y concurrencia, la economía mixta de mercado, los derechos y protección al consumidor y la regulación y supervisión de sectores estratégicos en beneficio de la población mexicana, particularmente para garantizar la existencia de productos y servicios de calidad y de precios razonables”.
Por ende, la eliminación de estas instituciones podría generar incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas nacionales e internacionales y así, afectar la atracción de capital necesario para el crecimiento sostenible y perder la oportunidad única de México de crecimiento propiciada por la relocalización, asegura el Instituto. Al mismo tiempo, IMEF señala el peligro de eliminar el contrapeso necesario dentro de toda democracia, el cual es fundamental para la estabilidad económica y política del país.
Finalmente, la asociación civil especializada en finanzas asegura que el debate debería ser cómo fortalecer su funcionamiento y garantizar de operación. Para eso, se debería resaltar que la autonomía no es sinónimo de discrecionalidad y que los ahorros que se estima que se conseguirán tras su desaparición podrían tener costos elevados en el corto, mediano y largo plazo.
