En más de 30 años de dedicarme al oficio de reportero, he escuchado muchas opiniones críticas y también favorables, principalmente entre abogados, respecto a sentencias dictadas por jueces y magistrados federales, lo que se entiende normal puesto que una resolución siempre beneficiará a una de las partes y a la otra no.
Aquí añado que nunca he escuchado algún señalamiento de que tal o cual sentencia en el ámbito federal haya tenido influencia externa, nunca por corrupción o presiones políticas, muestra de la independencia de quienes laboran en el Poder Judicial Federal y de que tal concepto se mantiene en buena parte de la población.
Sin embargo, lo anterior terminaría en caso de aprobarse la reforma que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, de llevar la elección de ministros de la Suprema Corte, de magistrados federales y jueces federales mediante el voto ciudadano, haciendo a un lado la carrera judicial.
Estoy seguro que en ese supuesto las críticas ahora serían porque el país tendría altos funcionarios del PJF vinculados abiertamente a la política, a los partidos en el poder: MORENA, Verde y PT; es decir, personajes fácilmente localizables, alcanzables, manejables, influenciables por quienes los impulsaron.
Lo anterior terminaría con la división de poderes, escenario en el que sería válido cuestionar si el país acaso empezaría a vivir el inicio de una dictadura encabezada por López Obrador, puesto que a estas alturas no queda duda de su perfil de controlador de todo y que buscará tener influencia en su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien ha ido cercando y ello se evidencia en la designación de varios futuros secretarios y desde la dirigencia de MORENA.
Hay algo más que he escuchado en estas más de tres décadas: el comentario frecuente entre abogados de basar su esperanza en el amparo de la justicia federal frente a las resoluciones de autoridades locales:
“Me voy al amparo y allá se los gano”, se suele decir.
Incluso pueden citarse ejemplos que son del dominio público: la presidenta municipal de Tepic Geraldine Ponce ha interpuesto muchos amparos en contra de la imposición de multas del Tribunal de Justicia Laboral; el jefe de Gabinete municipal Alejandro Galván recuperó ese cargo por orden de un Juzgado de Distrito luego de haber sido suspendido por un juez local a raíz de un expediente penal que enfrenta; y más recientemente la ex diputada presidenta del Congreso del Estado Alba Cristal Espinoza Peña acudió a una audiencia penal luego de tramitar un juicio de amparo.
Los tres, por cierto, integrantes de MORENA.
Y así muchísimos más.
Si bien el amparo continuará con o sin reforma, lo preocupante, se insiste, es que en el segundo supuesto se tendrían impartidores de justicia federales que serían influenciados por políticos. Jueces de los partidos, de la Presidencia de la República, de gobernadores, de senadores, de diputados, de presidentes municipales.
Ahora que el tema de la reforma se encuentra en el Senado de la República se presenta una situación singular: irónicamente podría significar oxígeno puro y resucitar a un muerto, el PRI, alivianar a otro partido que ha ido en declive, el PAN, y a Movimiento Ciudadano (MC).
En los últimos días se ha explicado que si los tres partidos de oposición suman 43 votos en contra, como se han comprometido públicamente los senadores, la reforma no pasará.
Aquí no se cuestiona sobre la capacidad de los abogados que tienen aspiraciones de alcanzar altos cargos en el PJF, sino de advertir el peligro porque arribarán personajes que tendrán vínculos y compromisos políticos. Y no sólo eso, sino que también podrían colarse profesionistas impulsados por organizaciones criminales.
Como ya se ha indicado anteriormente en este espacio, una reforma judicial debe ser bienvenida siempre y cuando no ponga en peligro la división de poderes. Se pueden mejorar muchas cosas no sólo en el Poder Judicial Federal y el de los estados, sino también en las fiscalías generales de justicia. Y vuelvo a insistir que, si en verdad se quiere apoyar al ciudadano más pobre, deberán inyectársele suficientes recursos para mejorar la defensoría pública que carga con muchísimos de los expedientes.
La pretendida reforma, en caso de prosperar, tarde o temprano nos impactará a todos: el día que seamos nosotros los imputados de delitos y nos digamos inocentes, el día que se trate de un familiar, ese día desearemos estar ante un juez imparcial y no frente a un juez influenciable por la política.
El paro de labores del PJF y la movilización en las calles del país ha ido motivando que otros sectores de la población se solidaricen, por ejemplo estudiantes.
México está en días decisivos para su futuro, coincidentemente en el mes que se festeja el aniversario de nuestra Independencia. Independencia que debe prevalecer en el Poder Judicial Federal.
* Esta opinión es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com