Como periodista, a menudo te enfrentas a temas que preferirías evitar. Son duros de procesar y aún más difíciles de transmitir al público. Entre ellos, los que involucran a niños son especialmente dolorosos. Ver cómo seres inocentes sufren abusos y violencia, muchas veces a manos de un familiar cercano, es desgarrador.
El caso más reciente, que comenzó a hacerse público el 18 de octubre, revela el infierno que una pequeña niña de 9 años quien junto a su hermana de 12 soportaron durante años. Silenciadas por el miedo, amenazadas de muerte por su propia madre, las menores permanecieron calladas durante más de cinco años, tiempo en el cual, según relató una de ellas a las autoridades, su madre la prostituía. No hablaron antes porque el terror las consumía y es más que comprensible, pues que tu propia madre te amenace de muerte, es algo que no todos los días se ve o escucha. Ahora, finalmente, su historia sale a la luz.
Guillermo Aguirre, en su Serpentina, comparaba estos actos con las brutalidades del Periodo Arcaico y el Imperio Antiguo (3100-2181 A.C.). Lo triste es que estos horrores no son cosa del pasado; siguen ocurriendo en pleno siglo XXI. Se repiten en todas partes del mundo, aunque rara vez alcanzan los titulares. Estos casos, tan perturbadores, muchas veces quedan enterrados en el torrente de información que circula en redes sociales y en los medios digitales, otros temas siempre se imponen, ya sea por publicidad pagada u obligada.
Cuando decides investigar y colocas las palabras exactas en un buscador, te das cuenta de lo aterradoramente frecuentes que son. Pero lo más inquietante es que estos casos sólo llegan a la luz pública cuando alcanzan a los “grandes medios” o cuando las autoridades, forzadas por la presión social de las funas que se dan por diversos medios, se ven obligadas a actuar. Esto me recuerda lo ocurrido en 2020, cuando la Fiscalía de Nayarit detuvo a Mauricio “N” por almacenar imágenes de menores en exhibicionismo sexual, caso que lo tenía en la mira desde el 2014, pero ese fue el “pretexto” para detenerlo, y fue el hecho que lo puso como principal culpable del caso de la pequeña Michelle. Mauricio “N” era el abuelo de Michelle, una niña de tres años violada y asesinada en Tepic, espero y no olviden el hecho.
Recuerdo bien ese caso; sacudió al estado y llegó incluso a los medios nacionales, aunque su cobertura fue breve, esporádica. Sólo las activistas y defensoras de derechos humanos mantuvieron el tema en la conversación pública, porque, como Michelle, había otros nueve casos igual de atroces que no recibieron el mismo foco. Sin embargo, la indignación general desapareció rápido, como suele ocurrir, es poca la efervescencia en esta era digital y pronto cambiamos el tema, quizá por uno más rosa o de tinte político.
Hoy, nos enfrentamos a una situación un tanto similar. La justicia fue rápida en aprehender a los responsables de tan atroz acto, esto quizá por gravedad de los hechos y no porque el caso se viralizó en las redes, porque nadie prestó mucha atención cuando recién sucedió, muchos no se enteraron hasta que comenzó a salir en los medios “grandes” o confirmaron con fuentes cercanas como lo mencionó Guillermo Aguirre en su columna; otros sólo replicaron la información para tener la viralidad que estos casos proporcionan, ayudando así a crecer el tráfico de las páginas, suena frío, pero son realidades que pasan.
Muchas veces, parece que la rapidez de la justicia depende de la atención pública que recibe un caso, y no de la atrocidad cometida. Es una realidad escalofriante: sólo cuando un crimen gana suficiente visibilidad, las autoridades actúan con la diligencia que debería ser su deber desde el principio y es que, seamos sinceros, no hay una confianza en las instituciones de justicia, pese a que las estadísticas como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) o la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) digan que sube o baja la percepción de seguridad, no quiere decir que lo sea.
La cifra negra que el mismo INEGI reporta echa abajo cualquier percepción, esta cifra revela una realidad que está ahí, pero muchas veces incomoda, pues esta es del 96.2 por ciento, esta cifra se calcula como la razón de los delitos no denunciados, más los delitos denunciados sin carpeta de investigación, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, entre el total de delitos por cien. En Nayarit el 92.9 por ciento de los delitos no se denunció, la cifra más alta desde el 2010, según reporta el INEGI, de esos el 54.5 por ciento son por causa de la autoridad: miedo a ser extorsionados, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad.
Sin lugar a duda, hace falta una mayor cultura de la denuncia, tener el valor que tuvo la niña que denunció a su propia madre, o de la maestra, que no se quedó callada y que sus hechos fueron más allá de su labor, en estos casos, la denuncia es mucho Mejor que el Silencio.
