Por Alfredo Delgadillo López
¿Te has preguntado alguna vez quién controla al gobierno para que no abuse de su poder? ¿O cómo se organizan los servicios públicos como el transporte, la educación o la salud? La respuesta está en el derecho administrativo, una rama del derecho que nació precisamente para poner límites al poder y asegurar que las administraciones públicas trabajen con distintas estrategias para el beneficio de todos.
El derecho administrativo es una disciplina relativamente joven que ha transformado la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. Su génesis, ligada íntimamente al surgimiento del Estado moderno, representa uno de los mayores avances en la organización social y la gestión pública. Es la pieza fundamental del Estado de Derecho y garantía de nuestras libertades frente al poder público.
Los orígenes del derecho administrativo se remontan a la Revolución Francesa (1789). Antes de ella, los reyes podían hacer lo que quisieran sin rendir cuentas a nadie. Después de la Revolución, con el colapso del antiguo régimen, surgió la necesidad de crear reglas claras sobre cómo debía funcionar la administración pública bajo nuevos principios. El punto clave llegó con el histórico “Arrêt Blanco” de 1873, una resolución que marcó un antes y después al establecer que las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos no podían regirse por las mismas reglas que regulaban las relaciones entre particulares e implementó la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de los litigios que involucran al Estado. Estos principios siguen siendo piedra angular del derecho administrativo.
Durante el siglo XX, el derecho administrativo se volvió más complejo porque el gobierno comenzó a ofrecer más servicios (educación, salud, transporte público); es como si hubiera pasado de ser un simple vigilante a ser un organizador de la vida social, esto se conoció como el “Estado de bienestar” con corrientes ideológicas influenciadas por el impacto de las guerras mundiales. Tras la Segunda Guerra Mundial, se fortaleció la intervención del Estado en la economía y se ampliaron las competencias administrativas para garantizar derechos sociales y servicios públicos.
La segunda mitad del siglo XX trajo consigo nuevas transformaciones. La crisis del Estado de bienestar, la globalización y la influencia creciente del modelo regulatorio anglosajón llevaron a repensar muchos conceptos tradicionales. La privatización de servicios públicos, la creación de autoridades administrativas independientes y la aparición de nuevas formas de regulación económica modificaron sustancialmente el panorama. La gestión pública se orientó hacia modelos más eficientes, adoptando estrategias del sector privado bajo la nueva gestión pública. Se priorizó la descentralización, la contratación de servicios y la evaluación de desempeño de lo público.
En América Latina, la historia fue diferente. Después de independizarse, los países intentaron copiar modelos de otros lugares (especialmente de Estados Unidos), pero manteniendo algunas estructuras del período colonial. Esto generó tensiones y contradicciones que aún persisten.
En México, en octubre de 1821, se emitieron decretos fundamentales para la organización administrativa del nuevo Estado, incluyendo el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado. La Constitución Federal de 1824 estableció un hito al regular por primera vez la figura de la expropiación forzosa, condicionándola a la existencia de utilidad pública y al pago de indemnización. También sentó las bases para la distribución de competencias administrativas entre la federación y los estados, inaugurando el sistema federal mexicano. Por su parte, el desarrollo doctrinal del derecho administrativo comenzó con Teodosio Lares en 1852, quien publicó las primeras “Lecciones de Derecho Administrativo”, influenciado por el modelo del sistema contencioso-administrativo francés.
Un momento crucial en esta historia fue la promulgación de la Constitución de 1857, que consolidó principios fundamentales como la distinción entre sanciones penales y administrativas, y estableció bases más claras para la distribución de competencias entre la federación y sus entidades.
No obstante, la verdadera génesis constitucional fue en 1917 donde se reivindicó para la nación el dominio eminente sobre su territorio y se establecieron las bases del moderno derecho administrativo mexicano, así como para el desarrollo de instituciones fundamentales como el servicio público y la empresa pública, además se desarrolló la teoría del servicio público, por lo tanto, el desarrollo científico del derecho administrativo mexicano se dio en el siglo XX, especialmente a partir de los años 1930 con autores como Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas.
Posteriormente, se dividió la administración centralizada y paraestatal, lo cual provocó la expansión y posterior contracción del Estado interventor, reflejando las tensiones entre el modelo desarrollista y las tendencias neoliberales. Además, surge el derecho disciplinario como una ciencia que regula a la función pública y gestores de lo público. Así que, lo más destacable científicamente tanto a nivel nacional como internacional, particularmente son los últimos 30 años con juristas como Miguel Acosta Romero, Alfonso Nava Negrete, Manuel Lucero Espinosa, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y, recientemente, Luis José Béjar Rivera, Carlos Fernando Matute González, Sergio Valls Hernández, Miguel Alejandro López Olvera, Adriana Campuzano Gallegos, Carlos Alberto Villanueva Martínez y José Roldán Xopa.
-Quizá- el cambio de mayor trascendencia en el ordenamiento jurídico mexicano en el siglo XXI fue la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos fundamentales, donde estos se convierten en el principio y fin de las actuaciones del gobierno. Es decir, los derechos fundamentales se volvieron centrales en el derecho administrativo, ya no bastaba con que el gobierno siguiera las reglas: tenía que respetar y proteger activamente estos derechos.
El derecho administrativo es una ciencia relativamente joven, especialmente en México, donde su desarrollo doctrinal más significativo ocurrió a partir del segundo tercio del siglo XX, y continúa evolucionando para adaptarse a la realidad jurídica contemporánea. La evolución de esta rama del derecho refleja la transformación del Estado mismo: desde un simple garante del orden hasta un prestador de servicios públicos y agente económico.
Lo fascinante del derecho administrativo es su naturaleza dinámica: mientras otras ramas del derecho permanecen relativamente estables, éste debe evolucionar constantemente para responder a las cambiantes necesidades de la administración pública y la sociedad. En México, particularmente, su desarrollo sigue en pleno auge, adaptándose a las particularidades de nuestra realidad política, económica, jurídica, social y hasta cultural, pues esta disciplina está en todo acompañándonos siempre.
Me despido con esta reflexión:
Actualmente, el derecho administrativo se encuentra en una nueva encrucijada con la llegada de la inteligencia artificial (IA). Estos avances tecnológicos plantean desafíos fundamentales sobre cómo adaptar los principios del derecho administrativo a un entorno cada vez más digitalizado, artificial y automatizado. La implementación de sistemas de IA en la administración pública genera interrogantes sobre la transparencia, la responsabilidad y la protección de derechos fundamentales. El reto actual consiste en mantener el equilibrio entre la innovación tecnológica y los principios del derecho administrativo. Por un lado, las tecnologías digitales ofrecen oportunidades para mejorar la eficiencia y transparencia de las administraciones públicas, por otro, es necesario garantizar que esta modernización no comprometa los derechos de los ciudadanos ni los principios básicos del Estado de Derecho.
Entender la historia del derecho administrativo es crucial porque esta disciplina ayuda a construir una mejor sociedad y, por consecuencia, mejores funcionarios.
¿Sabías que dos de los mejores administrativistas en la historia de México son de Tepic? Uno se llama Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y el otro Luis José Béjar Rivera. ¡Orgullosamente!
