En la vida pública mexicana, donde los escándalos se suceden con la regularidad de las estaciones del año y la política se entrelaza con la percepción pública como parte de un espectáculo continuo, el nombre de Enrique Peña Nieto vuelve a ocupar titulares. Esta vez, no por un acto protocolario o una revelación interna del sistema político nacional, sino por una acusación que ha cruzado océanos, proveniente del influyente diario israelí The Marker. En su reporte, se asegura que durante el sexenio del expresidente, empresarios de origen israelí —Avishai Neriah y Uri Ansbacher— habrían entregado hasta 25 millones de dólares a cambio de contratos públicos en México.
El señalamiento, aunque sin pruebas concretas hasta ahora, ha generado una ola de reacciones. Y no es para menos. El solo hecho de asociar al expresidente con una presunta red de corrupción internacional reaviva no solo viejos fantasmas, sino también las heridas abiertas de una gestión que, pese a logros parciales, estuvo profundamente marcada por escándalos, opacidad y la percepción de impunidad.
La nota publicada por The Marker no es menor. Este medio de comunicación, con base en Tel Aviv, tiene reputación en los círculos financieros y políticos de Israel, y su línea editorial no suele prestarse a la ligereza informativa. Sin embargo, hasta el momento, la información presentada carece de documentos probatorios, grabaciones o testimonios directos vinculantes. Es decir, más allá del estruendo mediático, estamos frente a una versión periodística que, si bien debe ser considerada y atendida, no sustituye el debido proceso ni debe usarse como fundamento de una condena social automática.
En respuesta, Enrique Peña Nieto ha calificado de “totalmente falsa” dicha información. Su desmentido fue inmediato y rotundo, aunque limitado a una declaración pública sin mayor profundidad ni compromiso de colaborar proactivamente con las autoridades para esclarecer los hechos. Esta actitud remite al estilo que caracterizó su mandato: respuestas escuetas, tardías o calculadas, y una marcada distancia con los ciudadanos que demandaban rendición de cuentas. La falta de autocrítica y el hermetismo político siguen siendo sus sellos personales, incluso ya retirado de la escena pública.
El tema, sin embargo, no debe quedar solo en el debate de medios. En un país como México, donde la desconfianza hacia las instituciones aún es profunda y donde la corrupción ha sido, por décadas, un mal endémico, este tipo de señalamientos no pueden archivarse como si fueran parte del folclor político. La Fiscalía General de la República (FGR), con toda la autonomía que la ley le confiere —y que la ciudadanía exige que ejerza con responsabilidad—, tiene la obligación de actuar. No con celeridad mediática, sino con rigurosidad jurídica. Lo mínimo sería solicitar información oficial al Estado de Israel y, en función de lo que se obtenga, valorar la apertura de una investigación formal. De no hacerlo, la FGR corre el riesgo de ser nuevamente acusada de selectividad, como ha ocurrido en otros casos donde pareciera que la justicia responde más a la conveniencia que al imperio de la ley.
Este caso también debe leerse en clave geopolítica. Las relaciones entre México e Israel no pasan por su mejor momento, particularmente tras las posturas diferenciadas en torno al conflicto en Gaza. Mientras México ha buscado mantener una posición equilibrada, apegada al derecho internacional y a los principios humanitarios, Israel ha endurecido sus políticas tanto internas como de cooperación exterior. ¿Podría entonces tratarse de una jugada diplomática de presión o desgaste? ¿O simplemente de un caso periodístico basado en una filtración de fuentes interesadas en golpear políticamente a un actor en retiro? No hay elementos para afirmarlo con certeza, pero tampoco se debe descartar que las pugnas internacionales se jueguen también en el tablero mediático.
Más allá del caso específico, este episodio permite revisar el tema de la rendición de cuentas en México. Durante el sexenio de Peña Nieto se acumularon señalamientos que nunca encontraron respuesta satisfactoria: la Casa Blanca, el escándalo de Odebrecht, los desvíos en Sedesol y Sedatu, la manipulación de contratos en Pemex, entre muchos otros. Algunos funcionarios enfrentaron procesos —Rosario Robles y Emilio Lozoya, por ejemplo—, pero el expresidente ha permanecido intocado. Es una suerte de inmunidad de facto que ha sido posible por la ausencia de voluntad política para abrirle una investigación formal. Una omisión que, en los hechos, perpetúa la idea de que en México, llegar a la presidencia equivale a recibir un salvoconducto vitalicio frente a la ley.
Pero el daño más grave no se da solo en el plano institucional. Se genera también en el terreno simbólico y social. Los ciudadanos tienen derecho a saber si quien encabezó el poder Ejecutivo durante seis años fue parte de una red internacional de corrupción, o si, por el contrario, se está utilizando su figura como chivo expiatorio en un juego político de mayor alcance. La diferencia entre uno y otro escenario es profunda, y resolverla con honestidad y justicia es fundamental para el futuro democrático del país.
En este contexto, es imprescindible no caer en la trampa del linchamiento mediático ni en el uso faccioso de la justicia. El combate a la corrupción no puede sustentarse en pasquines ni filtraciones interesadas. Debe basarse en investigaciones serias, autónomas, bien sustentadas, y con resultados claros. Si existen pruebas de que Enrique Peña Nieto incurrió en actos indebidos, debe ser procesado con todas las garantías legales, como cualquier otro ciudadano. Pero si no las hay, debe decirse también con claridad, no como una forma de exoneración complaciente, sino como un acto de responsabilidad institucional.
Por lo pronto, el expresidente ha negado categóricamente las acusaciones. El balón está ahora en la cancha del Estado mexicano y de sus instituciones de procuración de justicia. ¿Actuarán con profesionalismo y sin consigna? ¿O dejarán que el caso se diluya en el olvido, como tantos otros?
La justicia, cuando es auténtica, no requiere de espectáculo ni de escarnio. Solo necesita voluntad, valentía y respeto al debido proceso. México debe decidir si quiere seguir siendo un país donde los escándalos se archivan con el tiempo, o uno donde la verdad, aunque incómoda, tenga el poder de imponerse.
