Llenar la declaración patrimonial a última hora y anotar que no se tienen bienes, ingresos ni propiedades cuando sí se tienen es la ruta más corta hacia un proceso penal. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit (SESLAN) advierte que la falsedad en ese documento va más allá de una falta administrativa y puede derivar en consecuencias de orden penal según el cargo del servidor involucrado.
El plazo para cumplir el trámite es mayo. Los 35 mil servidores públicos del estado deben presentar su declaración patrimonial y de intereses en ese periodo, y el SESLAN junto con la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza impulsan capacitaciones para que el proceso se haga con rigor y con datos verídicos.
Los municipios concentran la mayor incidencia de irregularidades, precisó Juan Carlos Alvarado, secretario técnico del SESLAN. Ahí es donde más se registran omisiones totales y declaraciones con falsedad, desde servidores que desconocen la obligación hasta quienes simplemente la postergan hasta el último día y la resuelven sin el cuidado que el documento exige.
La gradación de consecuencias es clara, explicó Alvarado: omitir la declaración es una falta administrativa; falsearla suma a esa falta un delito, y las acciones que se deriven dependerán del cargo que ocupe cada servidor. Los contralores municipales y estatales participan en el seguimiento de los casos.
Las capacitaciones ya arrancaron con el Poder Judicial y el gobierno de Xalisco, y se extienden a los contralores de cada municipio de la entidad. Quienes requieran orientación para presentar su declaración pueden solicitarla a través de las instancias de control correspondientes.
