La fiscalización de las normas sanitarias en el norte de la entidad provocó la remoción de la autoridad médica en el municipio de Tecuala. El afectado señaló que el cese de sus funciones ocurrió de manera injustificada tras iniciar un expediente administrativo en contra de una granja de cerdos que opera de forma irregular. Los habitantes de Agua Verde promovieron denuncias ciudadanas debido a la contaminación constante que genera dicho establecimiento en los mantos freáticos y el entorno habitacional.
El exdirector de servicios médicos municipales, Manuel de Jesús Estrada, explicó que las acciones de vigilancia se apegaron estrictamente al reglamento de salud local aprobado por el Congreso del Estado desde el año 2021. Las fricciones con la administración local comenzaron desde la recepción del expediente, debido a que diversos integrantes del ayuntamiento mostraron resistencia a la aplicación de la ley. El ahora exservidor público afirmó que el proceso de inspección buscaba ordenar la actividad pecuaria y evitar riesgos epidemiológicos en la zona.
La separación del cargo se operó mediante la simulación de actas administrativas aprovechando una ausencia temporal del titular, quien realizaba diligencias institucionales relacionadas con el caso de la granja porcina. El afectado detalló que sostenía un acuerdo de comodato verbal con la presidencia municipal desde el inicio de la gestión en septiembre de 2024. A pesar de conocer su situación laboral de forma práctica, las autoridades municipales omitieron entregar una notificación legal o un documento por escrito que valide formalmente el despido.
La normativa estatal obliga a las alcaldías a intervenir en los casos de criaderos clandestinos para garantizar el bienestar de la población rural. El denunciante sostuvo que actuó con orden y apego a la justicia oficial de salud, persiguiendo únicamente la regularización del negocio contaminante. La intervención de intereses particulares dentro del aparato gubernamental retrasó el avance de las sanciones y derivó en la parálisis de la investigación sanitaria.
El conflicto administrativo evidencia la falta de garantías para los cuerpos técnicos encargados de la supervisión ambiental en los municipios. El exdirector manifestó que las estructuras de fiscalización requieren autonomía para evitar que las denuncias de las comunidades queden archivadas por presiones políticas. La documentación del caso administrativo permanece en las oficinas gubernamentales mientras los pobladores de Agua Verde continúan expuestos a los desechos de la actividad porcina ilegal.
