Mientras a nivel nacional apenas comienza a tomar fuerza la discusión sobre la sostenibilidad del sistema pensionario, en Nayarit esa conversación ya dejó de ser teoría y empezó a convertirse en transición.
Durante años, sobre las pensiones se sabía que el sistema estaba presionado, que las cargas crecían, que había privilegios insostenibles y que tarde o temprano la bomba financiera iba a estallar.
En Nayarit, además, el problema no solo se dejó crecer: se agravó.
Gobiernos como los de Ney González y Roberto Sandoval no enfrentaron de fondo la crisis pensionaria. Al contrario, la alimentaron con decisiones populistas, manejos discrecionales, corrupción, concesiones políticas y una administración irresponsable de los recursos públicos. Se pateó el problema hacia adelante.
El resultado fue un sistema profundamente desigual, donde mientras miles de trabajadores comunes enfrentaban incertidumbre sobre su retiro, algunos liderazgos sindicales y grupos burocráticos acumularon jubilaciones privilegiadas, dobles plazas y pensiones que llegaron a cifras cercanas a los 100 mil pesos mensuales.
Ese fue el verdadero fondo del problema. No se trataba únicamente de números. Se trataba de justicia.
Porque un sistema pensionario no puede sostenerse cuando se convierte en una bolsa opaca para beneficiar a unos cuantos, mientras la mayoría de los trabajadores queda atrapada en la incertidumbre. Cuando las pensiones desproporcionadas se vuelven intocables, el sistema entero se debilita. Y cuando el sistema se debilita, quienes terminan pagando el costo no son los privilegiados, sino los trabajadores de base.
Por eso importa lo que está ocurriendo en Nayarit.
Esta semana, la OCDE volvió a poner sobre la mesa la presión financiera que representan los sistemas pensionarios y el creciente gasto público destinado a ese rubro. La discusión nacional apenas se está abriendo: cómo garantizar una vejez digna sin comprometer la viabilidad financiera de los gobiernos.
Pero Nayarit ya empezó a caminar ese debate.
La creación del Fondo de Ahorro Nayarit representa un cambio de lógica frente al viejo modelo. El nuevo esquema incorpora cuentas individuales para las y los trabajadores, les permite conocer sus aportaciones, movimientos y rendimientos, y empieza a construir una relación más clara entre el trabajador y el dinero destinado a su retiro. Eso no es menor.
Durante años, muchos trabajadores no sabían con precisión qué ocurría con los recursos de su pensión. El retiro era visto como una promesa lejana, administrada desde una estructura opaca y vulnerable al manejo político. Ahora, al menos en el diseño de la transición, el ahorro empieza a asumirse como patrimonio propio, identificable y transparente. Ahí está una de las claves del cambio.
El debate pensionario no puede reducirse a una pelea entre gobierno y sindicatos, ni a una narrativa simplista de recortes o castigos. El verdadero punto es otro: construir un sistema que sí tenga dinero para pagar pensiones dentro de 10, 15 o 20 años.
Porque el mayor riesgo para la clase trabajadora no era revisar privilegios excesivos. El verdadero riesgo era mantener intacto un modelo que podía quedarse sin capacidad de responder.
LOS NÚMEROS EXPLICAN LA PREOCUPACIÓN
El tema de las pensiones regresó a la mesa nacional esta semana. Como consignó la sección Negocios del periódico Reforma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que las pensiones universales en México, pese a su aporte para reducir la pobreza, generan inquietudes sobre su sostenibilidad fiscal a largo plazo, en un contexto de espacio fiscal limitado e ingresos bajos. Lo planteó en su reporte «Economic Surveys: Mexico 2026», publicado en el primer trimestre del año.
De acuerdo con la OCDE, el gasto público en pensiones contributivas y no contributivas pasó de 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto en 2018 a 5.7 por ciento en 2024, y el organismo estima que este 2026 escale a 6.0 por ciento, empujado por la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y por la Pensión Mujeres Bienestar, que se introdujo en 2025. En siete años, el rubro creció 2.4 puntos del PIB.
Del otro lado del debate, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defendió esos programas. En una nota informativa del 7 de mayo sostuvo que las pensiones no contributivas deben valorarse también por su impacto social. Reportó que, entre 2018 y 2024, la pobreza extrema entre adultos mayores bajó de 8.8 a 3.8 por ciento, y que la pobreza general de ese grupo cayó de 43.2 a 23.6 por ciento, una reducción equivalente a 1.3 millones de personas. La dependencia destaca la función redistributiva del esquema.
Ese es el dilema de fondo: cómo sostener la justicia social hacia los adultos mayores sin comprometer las finanzas que la hacen posible. Y es justo ahí donde Nayarit decidió moverse antes que la mayoría de los estados.
También por eso resulta relevante que el diseño del Fondo Soberano Nuevo Nayarit contemple fortalecer al Fondo de Ahorro Nayarit mediante parte de sus utilidades. La idea, al menos en el papel, es que el retiro de los trabajadores no dependa solamente de promesas políticas, sino de fuentes financieras más sólidas y de largo plazo.
Ese es el punto central: mientras México apenas empieza a discutir la sostenibilidad pensionaria, Nayarit ya inició una transición.
Una transición difícil, sensible y seguramente incómoda. Porque tocar pensiones implica tocar intereses. Implica revisar privilegios. Implica enfrentar inercias acumuladas durante décadas. Implica decir que no a abusos que durante mucho tiempo se disfrazaron de derechos adquiridos.
Pero también implica algo más importante: darle viabilidad al futuro. Hoy la pregunta ya no es si debía hacerse algo. La pregunta es cuánto más podía esperar Nayarit.
Porque no hay justicia social posible si el sistema colapsa. No hay defensa real de los trabajadores si no existe dinero para pagarles. No hay futuro pensionario si se permite que unos cuantos privilegios devoren los derechos de todos.
Por supuesto que habrá resistencias. Las hay cada vez que un gobierno intenta ordenar un sistema capturado por intereses históricos. Pero quizá la pregunta correcta sea otra: ¿qué es más injusto, revisar pensiones excesivas o condenar a miles de trabajadores a un retiro incierto?
Nayarit ya empezó una transición que el país apenas comienza a discutir.
Y si esa transición se consolida con transparencia, responsabilidad y sentido social, podría convertirse en algo más que una reforma local: podría ser la prueba de que enfrentar a tiempo una crisis pensionaria no es un acto contra los trabajadores, sino una forma de protegerlos antes del colapso.
