El fenómeno de la usura ha encontrado un terreno fértil en las dificultades financieras de los habitantes de la entidad. José Tomás Pérez Ruiz, líder estatal de El Barzón, alertó que la caída en el poder adquisitivo y el encarecimiento de la vida empujan a los ciudadanos hacia esquemas de préstamo que asfixian su economía familiar.
Según el análisis del líder social, la inflación imperante ha erosionado los ingresos de la clase trabajadora, quienes ahora enfrentan obstáculos para cubrir incluso la canasta básica. Para este sector, el financiamiento privado se ha vuelto la vía para solventar alimentación, salud y vestido, aunque esto signifique caer en manos de prestamistas que cobran réditos desproporcionados. Los usureros le hacen la vida de cuadritos a quienes no pueden salir adelante con su salario, sentenció el dirigente.
La crítica del barzonista también alcanzó al sistema bancario tradicional, al cual acusó de imponer condiciones abusivas mediante garantías que triplican el valor del crédito solicitado. Éste advirtió que la proliferación de casas de empeño en la capital nayarita es el síntoma de una actividad financiera que lucra con la necesidad ajena y despoja a los deudores de su patrimonio, pues sólo se enfocan en obtener una ganancia desmedida.
Dicha inacción de las autoridades ministeriales constituye otro frente de batalla para la organización civil. Pérez Ruiz exigió a la Fiscalía General del Estado una intervención directa para detener a quienes calificó como delincuentes de cuello blanco. A su juicio, la falta de empleos dignos genera el caldo de cultivo ideal para que florezcan estos abusos sin que exista un freno legal efectivo por parte del sistema de justicia.
Existe una preocupación adicional por la falta de apertura institucional en la entidad. Los integrantes de El Barzón han intentado concertar una audiencia con la fiscal estatal, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, sin que hasta la fecha exista una respuesta oficial a sus peticiones. La organización busca presentar quejas formales ante la instancia que debería velar por el cumplimiento del Código Penal en materia de agio y explotación económica.
