Ricardo Monreal presentó ante el Congreso una iniciativa que, en palabras de Albert de Filippis en su canal MundoBeto TV, “suena tan patriótica, tan soberanista, tan bien envuelta que si no la desempacas con calma no ves lo que hay adentro.” De Filippis es uno de los analistas políticos independientes de mayor seguimiento en plataformas digitales en español, y su lectura de esta iniciativa merece atención porque articula, con precisión y sin concesiones al discurso oficial, los mecanismos concretos que la ley introduce y el contexto institucional en que lo hace.
El argumento de Monreal para presentar la iniciativa parte de un diagnóstico real: México carece de herramientas legales suficientes para protegerse de la injerencia extranjera en sus procesos electorales. Ese diagnóstico es difícil de rebatir. Lo que De Filippis desmonta es el remedio que el legislador propone. La iniciativa facultaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular una elección federal o local completa si se acredita que hubo intervención de un gobierno, organismo o agente extranjero, y que esa intervención fue grave y determinante para el resultado. Hasta ese punto, el planteamiento se sostiene.
El problema está en lo que sigue. La iniciativa incorpora lo que llama “presunción de determinancia”: si la diferencia entre los candidatos es menor al cinco por ciento, el tribunal puede presumir que la interferencia extranjera fue suficiente para modificar el resultado. La palabra clave es presumir. El tribunal no tendría que demostrarlo. De Filippis se detiene en ese punto con razón: la mayoría de las elecciones competidas en México se resuelven dentro de ese margen. Una presunción legal sobre elecciones reñidas, aplicada por un tribunal, convierte la sospecha en herramienta de anulación.
La definición de lo que cuenta como interferencia extranjera amplía todavía más el alcance de esa herramienta. El texto de la iniciativa incluye financiamiento ilícito, propaganda, desinformación, manipulación digital y presión mediática. Y al final de esa lista aparece una cláusula que De Filippis cita textualmente: “cualquier otra conducta que, a juicio del tribunal, comprometa la soberanía nacional.” Una cláusula abierta, sin definición precisa, que puede contener lo que el tribunal decida que contiene. El analista lo resume con una pregunta directa: “¿Escuchaste eso? A juicio del tribunal. Sin límites, sin definición precisa.”
Hasta aquí el análisis de la ley en sí. De Filippis decide entonces preguntarse quién la escribió, y el retrato que construye de Monreal importa para entender el peso político de la iniciativa. El legislador zacatecano lleva décadas en la política mexicana. Gobernó su estado, fue senador por años, coordinó la bancada de Morena en el Senado, compitió por la candidatura presidencial y se quedó dentro del sistema cuando no la obtuvo. Conoce las instituciones desde adentro con una profundidad que pocos legisladores en activo pueden igualar. Pero en diciembre de 2024 ocurrió algo que el analista recupera con precisión: Adán Augusto López, el nuevo coordinador de Morena en el Senado, subió a la tribuna y acusó públicamente a Monreal de lo que llamó “negocitos añejos”, señalando presuntos contratos con empresas fantasma durante su gestión y cifras que los medios situaron en 150 millones de pesos del erario. Las denuncias, dijo López, habían sido presentadas ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación.
Lo que siguió es lo que De Filippis subraya. Las denuncias no produjeron resultado público alguno. Semanas después, Monreal y Adán Augusto se dieron un abrazo en un acto partidista, declararon unidad y todo continuó como antes. El analista aclara que no existe condena contra Monreal, y por tanto no lo señala como culpable. Lo que sí afirma es que “el autor de una ley importa, siempre.” El hombre que propone proteger la pureza del proceso democrático mexicano es el mismo que fue acusado por su propio partido de manejar fondos públicos de manera irregular, sin que ningún juez interviniera en el asunto.
De Filippis encuadra la iniciativa en un proceso más largo. Desde 2018, Morena ha ido acumulando control sobre los contrapesos institucionales del país: la Suprema Corte, el INE, el Ejército, el Congreso, los medios públicos, el sistema de elección de jueces federales. Lo plantea como dato, sin calificarlo de acusación. Ése es el contexto en el que aparece la ley. Y en ese contexto construye un escenario hipotético que resulta ilustrativo: una elección importante, Morena pierde por cuatro puntos, alguien presenta una denuncia de interferencia extranjera, el TEPJF evalúa, la diferencia es menor al cinco por ciento, la ley ya permite presumir que esa interferencia fue determinante, y el tribunal anula. Es explícito al señalar que ese escenario todavía no ha ocurrido. También es explícito en que, con esta ley en vigor, puede ocurrir. Y lo que transforma esa posibilidad en algo más que una hipótesis académica es que las instituciones que deberían frenar ese abuso son las mismas que llevan años siendo reformadas por el mismo partido que controla al legislador que presentó la iniciativa.
El tramo más incómodo del análisis es el que apunta a la izquierda latinoamericana. Recuerda el paro nacional colombiano de 2021, cuando la revista Semana publicó, citando organismos de inteligencia de ese país, que grupos en la primera línea de las protestas recibían financiamiento de las disidencias de las FARC, del ELN y de estructuras narco, y que desde Venezuela llegaban recursos en efectivo escondidos en camiones de alimentos que cruzaban la frontera. Las cifras atribuidas a Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC, alcanzaban los 160 mil dólares, acompañados de comunicaciones que alentaban la confrontación con el Estado colombiano. Para Eso, dice, es injerencia extranjera en toda la extensión del término: dinero de un gobierno financiando desestabilización en un país soberano.
La advertencia que lanza el analista: los mismos gobiernos, los mismos intelectuales y los mismos políticos que hoy invocan la soberanía electoral y aplauden leyes para protegerla, guardaron silencio absoluto cuando el dinero venezolano llegaba en camiones. Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia de Colombia en 2022, su primer embajador en Venezuela fue Armando Benedetti, su jefe de campaña, quien se reunió en Caracas con Maduro, con el ministro de defensa venezolano Vladimir Padrino López y con Diosdado Cabello, señalado por la DEA como una de las figuras centrales del narcotráfico continental, y publicó fotografías del encuentro. Benedetti declaró después que Maduro estaba elegido democráticamente, en referencia a un proceso que más de cincuenta democracias rechazaron como fraudulento. De Filippis aclara que todo eso está documentado por AP, Bloomberg y los principales medios internacionales que cubrieron los primeros meses del gobierno de Petro.
La conclusión del análisis es la que estructura todo lo anterior: “La injerencia extranjera es inaceptable cuando viene del norte, es invisible cuando viene del sur.” Quienes deberían fiscalizar esta ley son los mismos que miraron hacia otro lado cuando Venezuela enviaba recursos a Colombia. Esa asimetría hace que la pregunta sobre quién decide qué cuenta como interferencia extranjera sea la más relevante de todo el debate.
De Filippis cierra con una afirmación que prescinde de matices: una ley que permite anular elecciones con una definición vaga de injerencia extranjera, en manos de un partido que lleva años reformando las instituciones que deberían ser independientes, es una herramienta de control. El hecho de que la proponga un legislador acusado por su propio partido de irregularidades con dinero público, sin juicio y sin consecuencias, añade una capa al diagnóstico sobre el estado actual de la democracia mexicana. La iniciativa todavía está en proceso legislativo. El debate sobre sus alcances reales apenas empieza.
