La atención oportuna de los ciudadanos en edad avanzada representa un compromiso prioritario que requiere la intervención conjunta de las instituciones y el entorno familiar. El abandono de personas en esta etapa de la vida constituye un reto social que debe atenderse para evitar situaciones de riesgo que comprometan la integridad de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Resulta fundamental que la comunidad mantenga una vigilancia activa sobre sus integrantes más longevos para garantizarles una estancia digna y protegida en sus hogares.
La secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García señaló que mediante protocolos de asistencia inmediata, se busca identificar a quienes carecen de redes de apoyo para brindarles cobijo y supervisión médica constante. La intervención gubernamental tiene como objetivo asegurar que los requerimientos básicos de alimentación y salud sean cubiertos de forma permanente en cada localidad. Sólo a través de la suma de esfuerzos ciudadanos es posible detectar a tiempo a personas que sufren aislamiento o enfermedades crónicas sin el acompañamiento necesario para su recuperación integral.
Explicó que el bienestar de este grupo poblacional depende directamente de la solidaridad y responsabilidad de quienes les rodean. La funcionaria recordó que, por instrucción directa de la administración estatal, se han redoblado las acciones para que a ningún adulto en situación precaria le falte lo indispensable para su subsistencia diaria. Éste compromiso se traduce en visitas de seguimiento y la canalización a centros de cuidado especializados cuando se detectan entornos familiares que no garantizan la seguridad del individuo.
Esta situación de vulnerabilidad extrema ha derivado en incidentes lamentables donde la falta de cuidados prolongados durante meses o años provoca deterioros irreversibles en la salud de los adultos. La omisión de auxilio por parte del círculo cercano agrava las condiciones físicas de las personas mayores, derivando en desenlaces que podrían evitarse con un seguimiento preventivo y afectivo. La responsabilidad compartida implica que cualquier habitante que identifique a una persona en estado de abandono debe notificarlo a las instancias correspondientes para su rescate.
Hacia una cultura de respeto y protección, se invita a todas las familias a no desatender a sus parientes que transitan por la etapa de la vejez. El fortalecimiento de los derechos de este sector es un pilar fundamental para lograr una convivencia armónica y solidaria en el estado. Se espera que la vigilancia social constante permita reducir los índices de riesgo y asegure que cada habitante reciba el afecto y la asistencia técnica que merece por parte de sus seres queridos y las autoridades.
