La falta de infraestructura accesible y la baja inclusión laboral para personas con discapacidad en Nayarit ha llevado a una legisladora a presentar una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley de Protección e Inclusión de Personas con Discapacidad. La propuesta busca fiscalizar el cumplimiento de la cuota del tres por ciento de personas con discapacidad en las plantillas laborales de ayuntamientos y gobiernos estatales, además de garantizar su libre tránsito.
La diputada local Jéssica Torres Fregoso destacó, en entrevista, las constantes quejas de este sector de la población por las dificultades para transitar en lugares públicos, resultado de la carencia de infraestructura adecuada. Afirmó que, a pesar de dos exhortos emitidos por el congreso a los ayuntamientos para adaptar edificios, calles y parques, muchos municipios han hecho caso omiso, ofreciendo solo evasivas.
En cuanto a la inclusión laboral, la legisladora aseveró que son pocos los municipios que integran a personas con discapacidad en sus equipos de trabajo y no se cuenta con datos precisos sobre cuáles cumplen o cuántos empleados tienen bajo esta modalidad. Torres Fregoso también denunció que, en ocasiones, estas contrataciones se manejan como becas y no como salarios dignos, aunque reconoció que la Ley establece un pago igualitario según el desempeño.
Recientemente, la diputada presentó en tribuna un posicionamiento sobre el caso de Jesús Cebreros, un psicólogo con discapacidad de Tecuala que, según la denuncia, fue despedido injustificadamente del ayuntamiento. “No podemos permitir este retroceso, no se puede despedir a quienes ya tenían un espacio para desempeñar un cargo”, enfatizó Torres Fregoso.
Simultáneamente, la legisladora introdujo una iniciativa para extender los plazos de denuncia por despidos injustificados para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con enfermedades crónicas degenerativas, solicitando el acompañamiento de la defensoría pública en estos casos.
Finalmente, la diputada denunció que los choferes del transporte público y plataformas digitales continúan brindando malos tratos a las personas con discapacidad motriz. Por ello, instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para asegurar un trato igualitario y respetuoso para toda la ciudadanía.
