El sistema financiero mexicano comenzó a bloquear recursos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de su hijo Rubén Rocha Ruiz y de otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con información publicada este jueves por El Economista.
Según el medio especializado, fuentes del sector financiero confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, giró instrucciones desde la semana pasada a bancos y casas de bolsa para incorporar a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas. La medida, añade la publicación, se habría ampliado el martes por la noche a otras entidades, como centros cambiarios y transmisores de dinero.
La instrucción incluiría a Rocha Moya; al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; a Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto; así como a mandos y exmandos de seguridad pública y procuración de justicia en la entidad.
Entre los nombres mencionados también aparecen Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía de Culiacán. Además de los diez señalados por Estados Unidos, el bloqueo financiero habría alcanzado también a Rubén Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia.
La medida ocurre después de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, en un caso presentado ante una corte federal de Nueva York. De acuerdo con reportes sobre la acusación, los señalamientos incluyen presuntos delitos de narcotráfico y armas, con posibles penas que irían de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas implica que las instituciones financieras deben suspender operaciones y congelar recursos vinculados con las personas incluidas. En la práctica, esto puede impedir el uso de cuentas bancarias, transferencias, inversiones, créditos y otros servicios financieros.
Hasta el cierre de la publicación, la Secretaría de Hacienda no había emitido una postura oficial sobre las acciones atribuidas a la UIF. Tampoco se reporta, por ahora, que los señalados hayan sido incorporados a la lista de sanciones de la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
