Todos reclamamos la presunción de inocencia, indispensable en cualquier sistema de justicia que se precie. Somos, sin embargo, pésimos para practicarla. La ley exige probar la culpabilidad; a nadie debe obligársele a demostrar su inocencia. Pero las redes sociales potencian el impulso de linchar antes de que el juez abra siquiera el expediente: pesa más una captura de pantalla que una sentencia. Los políticos mexicanos recientemente reclamados por Estados Unidos llegaron a la opinión pública ya condenados, sin abogado ni audiencia. Resulta revelador que el aparato estatal y el partido que los postuló salgan a defenderlos con un celo que rara vez emplean para defender al mexicano de a pie. Aspiramos a un Estado que actúe con esa misma presteza por cualquier ciudadano. La inmunidad sigue intacta; la justicia, dividida en dos pesas.
