En medio de las tensiones diplomáticas a raíz de las solicitudes de extradición de funcionarios mexicanos a Estados Unidos, el embajador, Ronald Johnson, informó que su país entregó al Gobierno de Claudia Sheinbaum 313 criminales buscados por México.
“Bajo la Administración del Presidente Trump, Estados Unidos ha transferido a 313 criminales buscados a México para enfrentar la justicia”, publicó el embajador de Estados Unidos en México en la red social X.
El mensaje del diplomático apareció tras la captura y extradición a México de un hombre requerido por prostitución de una menor y agresión sexual. Johnson presentó ese caso como parte de los operativos de colaboración entre autoridades de ambos países.
Agentes de la Patrulla Fronteriza participaron en la detención del hombre buscado por autoridades mexicanas. El caso fue utilizado por la representación estadounidense para destacar la cooperación operativa en materia de seguridad. Johnson añadió que el operativo “representa otro ejemplo de la fuerte cooperación” entre Estados Unidos y México.
La cooperación bilateral también ha sido destacada por la Embajada de Estados Unidos en México en otras áreas de seguridad. En un reporte reciente, la sede diplomática señaló operaciones conjuntas contra personas buscadas y reportó que México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia estadounidense desde el inicio de la administración Trump.
México reclama reciprocidad en extradiciones
El anuncio estadounidense ocurre después de que el gobierno mexicano pidiera reciprocidad en materia de extradiciones. En mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México había presentado solicitudes a Estados Unidos sin recibir entregas de personas requeridas por autoridades mexicanas.
“Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno (…) ¿Qué pide siempre México? Reciprocidad“, señaló Sheinbaum en una conferencia matutina.
La mandataria sostuvo ese reclamo en el contexto de las solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios o exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El caso elevó el peso político de las solicitudes de extradición entre ambos países. Mientras Washington sostiene sus señalamientos contra funcionarios mexicanos, el gobierno de México insiste en que cualquier detención debe ajustarse a la Constitución y al sistema penal mexicano.
En la conferencia matutina del 16 de junio, la presidenta Sheinbaum reiteró que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado pruebas contra el gobernador que sustenten la solicitud de detención y que, bajo esas circunstancias, no existe un plazo legal para ejecutar una captura.
El Departamento de Estado explica en sus lineamientos que una extradición no se ordena contra personas únicamente investigadas o sospechosas de un delito. El proceso aplica para personas acusadas formalmente, condenadas sin sentencia completa o fugadas antes de cumplir una pena.
