El Poder Ejecutivo Federal ratificó la política de cero negociaciones con agrupaciones delictivas, postura que genera indicadores favorables en materia de seguridad ciudadana. Destacan los avances obtenidos en el territorio de Sinaloa, sitio donde las fuerzas del orden capturaron a 2 mil 540 individuos vinculados a delitos graves y redujeron la incidencia de homicidios en un 44 por ciento.
Durante el seguimiento a las estrategias de pacificación, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, sostuvo que la honestidad y los principios institucionales impiden cualquier tipo de pacto con la delincuencia organizada o de cuello blanco. La mandataria precisó que las acciones diarias del Gabinete de Seguridad se basan en la ejecución de detenciones puntuales y el despliegue de operativos coordinados que buscan restaurar el orden público sin recurrir a mecanismos de concertación extralegales.
Versiones contradictorias provenientes de agencias estadounidenses sobre el traslado de Ismael Zambada motivaron un pronunciamiento oficial sobre la necesidad de transparencia en la relación bilateral. La memoria institucional rescató que, mientras la embajada de aquel país descartó inicialmente su participación a través de Ken Salazar, el Buró Federal de Investigaciones se atribuyó posteriormente el operativo tras mostrarse la aeronave utilizada en el evento.
Las inconsistencias en los reportes de las agencias extranjeras motivaron un llamado a la congruencia para evitar interpretaciones que sugieran una injerencia externa en asuntos de soberanía nacional. Sostener la autoridad moral del Estado depende de actuar bajo principios de legalidad, por lo que resulta indispensable que los socios comerciales mantengan una sola postura informativa frente a sucesos de relevancia compartida.
Garantizar la seguridad de los habitantes requiere un esfuerzo diario de inteligencia y presencia territorial en las zonas con mayor conflicto delictivo. Este esquema de trabajo pretende consolidar la confianza ciudadana mediante logros medibles, priorizando el bienestar de las comunidades y la aplicación estricta de la ley por encima de cualquier interés particular o político.
