El fortalecimiento de un modelo de atención basado en los derechos humanos busca garantizar el pleno ejercicio de las facultades ciudadanas para todos los sectores de la población. Mediante la creación de espacios equitativos, la administración estatal prioriza la eliminación de barreras que impiden el desarrollo integral de quienes viven con alguna limitación física o sensorial, fomentando una cultura de respeto y oportunidades parejas.
Representantes de la entidad participaron en el reciente encuentro nacional de servidores públicos con discapacidad celebrado en la capital del país, donde compartieron los avances locales en materia normativa. Jhosua Shannen Uribe Ramírez, quien encabeza la secretaría ejecutiva del Consejo Estatal para la Inclusión, presentó ante el Congreso de la Unión las estrategias diseñadas para transformar la gestión pública en un espacio de representación real y efectiva.
Aquellas medidas de movilidad, como la implementación del tarjetón vehicular especializado, han facilitado el desplazamiento seguro y preferente en las zonas urbanas de mayor afluencia. Esta herramienta, operada en conjunto con las autoridades de transporte, se complementa con la emisión de dictámenes técnicos que obligan a las construcciones a cumplir con estándares de accesibilidad arquitectónica, asegurando el ingreso a servicios de salud y educación.
Bajo la directriz de Miguel Ángel Navarro Quintero, titular del Ejecutivo, se han impulsado mecanismos para que la administración estatal sea un entorno diseñado para la convivencia armónica de la diversidad social nayarita. La visión gubernamental se enfoca en que los edificios públicos no funcionen sólo como recintos de trámite, sino como espacios integradores donde la infraestructura esté al servicio de cada ciudadano sin distinción alguna.
Consolidan también la apertura de vacantes dentro de las dependencias oficiales para fomentar una fuerza laboral diversa y libre de cualquier acto discriminatorio. Este compromiso institucional pretende convertir a la entidad en un referente de equidad, garantizando que el acceso a un empleo digno y a la movilidad universal sea una realidad tangible que beneficie el patrimonio y la autonomía de las familias.
